Mendoza hace punta y avanza en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil
Mendoza dio un paso clave hacia la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, al convertirse en la primera provincia del país en reunir las condiciones para firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación.
El acuerdo fue rubricado por la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, y su par de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. La iniciativa incorpora nuevas herramientas para fortalecer el proceso de adecuación normativa e institucional que se viene desarrollando desde hace meses.
En ese marco, Mendoza conformó una mesa técnica interdisciplinaria que ya cuenta con un borrador del proyecto de ley, el cual será presentado próximamente.
La propuesta establece las condiciones necesarias para avanzar en la implementación del nuevo régimen, el cual establece en Argentina la responsabilidad penal desde los 14 años de edad
“Mendoza es la primera en estar en condiciones de firmar este convenio con la Nación. Venimos trabajando desde hace tiempo en la implementación, y este acuerdo nos da más herramientas para seguir fortaleciendo ese proceso”, destacó Rus.
El programa establece acciones conjuntas mediante asistencia técnica, intercambio de información, desarrollo de proyectos de cooperación y actividades de capacitación para los operadores que intervienen en el sistema.
Uno de los principales avances será la disponibilidad recíproca de supervisores especializados, figura creada por la Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil y encargada del seguimiento, asistencia y control de adolescentes sometidos a medidas o penas.
A partir del acuerdo, Mendoza podrá contar con supervisores de la Nación cuando las necesidades del sistema así lo requieran. Del mismo modo, los profesionales locales podrán desempeñarse en causas de competencia federal.
Además, el Ministerio de Justicia nacional pondrá a disposición de la provincia la plataforma informática desarrollada para la gestión y el seguimiento de estos casos. Esta herramienta permitirá optimizar el control de las medidas, unificar criterios de gestión y fortalecer la producción de información para el seguimiento del régimen.
“Este convenio no solo contempla instancias de capacitación y asistencia técnica, sino también la posibilidad de disponer de supervisores especializados de manera recíproca además de acceder al software desarrollado para la gestión de estos casos”, agregó Rus.
Capacitación certificada para los operadores
El Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas trabajarán de manera conjunta para que las capacitaciones se desarrollen a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
De esta manera, los trayectos formativos contarán con certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes los realicen, tanto operadores del sistema como otros destinatarios de las capacitaciones.
“La implementación requiere equipos preparados y criterios comunes para intervenir en situaciones complejas. Por eso, las capacitaciones que se desarrollen a través del IPAP tendrán certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes las realicen. Es una forma de reconocer la formación de los operadores y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema cuente con profesionales cada vez mejor preparados para acompañar, supervisar y dar seguimiento a cada caso”, sostuvo García Zalazar.