TURISMO EN CRISIS
La hotelería en Mendoza atraviesa un contexto complejo: la caída del turismo nacional e internacional y la falta de regulación de los alquileres temporales de viviendas amplias, especialmente en barrios privados, generan competencia desleal que afecta directamente a los hoteles.
Durante los últimos años, los turistas han optado por casas grandes para alojarse en grupos familiares o de amigos, especialmente para eventos puntuales. Esta modalidad permite mayor comodidad, flexibilidad y costos más bajos, consolidándose como una tendencia en crecimiento que compite con la oferta hotelera tradicional.
El turismo en Mendoza ha disminuido notablemente: mientras los viajes de argentinos al exterior aumentan, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros al territorio provincial se reduce. La combinación de estos factores reduce la “torta” de turistas disponibles y concentra la demanda en alternativas de alojamiento menos reguladas.
Impacto en los hoteles
Los hoteles, con costos fijos elevados, enfrentan una presión creciente ante una ocupación promedio que no supera el 50 %. La baja de tarifas obligada por el contexto económico, sumada a la presencia de alquileres temporales que no cumplen con obligaciones fiscales ni laborales, profundiza la brecha competitiva.
La falta de normativa específica sobre los alquileres temporales deja al sector hotelero sin mecanismos claros de control. Mientras algunos gobiernos provinciales evalúan modelos regulatorios, Mendoza aún no cuenta con reglas concretas que frenen esta competencia, a diferencia de otras ciudades del mundo donde la regulación de este segmento ha mostrado resultados positivos.
Tendencia en eventos y temporadas puntuales
Aunque la demanda de alquileres temporales no sustituye al turismo general, sí concentra visitantes en fines de semana de eventos musicales, festivales o actividades internacionales. En estos momentos, las casas grandes se convierten en la opción preferida, reduciendo aún más la ocupación hotelera.
En este contexto, los hoteles se ven obligados a ajustar sus operaciones y a buscar estrategias para mantenerse competitivos mientras se espera la implementación de normativas que equilibren la oferta y garanticen condiciones más justas para todos los prestadores del sector.