PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza realizó el sorteo que determinó qué ciudadanos y ciudadanas podrán ser convocados para integrar un jurado popular en el año 2026. En total, quedaron seleccionadas 11.727 personas, cuya participación será requerida en los juicios por jurados que se desarrollen durante ese período.
Las terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI) sorteadas fueron: 090, 017, 846, 163, 003, 535, 093, 360 y 933. Ante la presencia de autoridades del Poder Judicial y de Juegos y Casinos, se oficializó la definición de los números que regirán la convocatoria.
De la totalidad sorteada, 7.630 personas corresponden a la primera circunscripción judicial (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, Lavalle y Maipú), de las cuales 3.811 son mujeres y 3.819 hombres. En tanto, 1.631 personas pertenecen a la segunda circunscripción judicial (San Rafael, General Alvear y Malargüe), divididas en 866 mujeres y 765 varones. La tercera circunscripción judicial (San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz y Santa Rosa) cuenta con 1.655 ciudadanos sorteados, entre ellos 815 mujeres y 840 hombres. Finalmente, la cuarta circunscripción judicial (Tunuyán, Tupungato y San Carlos) sumó 811 personas, de las cuales 419 son mujeres y 392 varones.
La implementación de los juicios por jurados en Mendoza comenzó en 2019, tras la sanción de la ley 9106 en 2018, que estableció la participación ciudadana en la administración de justicia. Este mecanismo se aplica en los casos de homicidios agravados previstos en el Código Penal de la Nación. Desde su puesta en marcha, y a pesar de la pandemia, se realizaron 58 debates penales, con la intervención de más de 930 mendocinos como integrantes de un jurado.
Ser parte de este sistema constituye una carga pública. Para poder desempeñarse como jurado popular, es necesario ser argentino nativo o naturalizado con al menos cinco años de ciudadanía; tener residencia permanente de no menos de cuatro años en Mendoza y de dos años en la circunscripción judicial correspondiente; tener entre 18 y 75 años; comprender el idioma, saber leer y escribir, y contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos.
