El caso que estremeció a Godoy Cruz en mayo de este año tuvo un desenlace judicial apenas cuatro meses después. Ángel Gastón Buenaventura, de 18 años, fue sentenciado a 18 años de prisión tras confesar que asesinó con 65 puñaladas a su empleador, Federico Germán Scattareggi, dentro del local de comidas rápidas Pancho Grande.
La condena se concretó en un juicio abreviado, figura que evitó la realización de un debate por jurado. El acuerdo fue sellado entre la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y la defensa del acusado, y luego homologado por la jueza Mira Elisa Montaldi. De esta manera, el expediente quedó tipificado como homicidio simple junto a estafa y robo, dejando atrás la imputación inicial de homicidio agravado por ensañamiento, que contemplaba prisión perpetua.
La investigación avanzó a gran velocidad. Los peritos forenses determinaron que Scattareggi sufrió un ataque feroz, con múltiples heridas de arma blanca, la mayoría en la espalda, lo que reveló que fue sorprendido mientras intentaba escapar o estaba en desventaja física. También se detectaron lesiones defensivas, y bajo sus uñas apareció material genético de Buenaventura, confirmando un forcejeo.

El caso se fortaleció con pruebas de la Policía Científica: las zapatillas del acusado tenían manchas de sangre de la víctima y huellas que coincidían con las encontradas en el piso del local. Para la fiscalía, el móvil económico resultó determinante. El comerciante había contratado al joven semanas antes y le había realizado una transferencia de dinero como adelanto. La negativa a entregarle más fondos habría detonado el ataque.
Tras el crimen, la puerta del negocio apareció cerrada con candado desde afuera, un detalle que llevó a sospechar de alguien con acceso directo. El cuerpo fue hallado por un hermano de Scattareggi, que se topó con la violenta escena.
La captura del agresor se produjo pocos días después en Luján de Cuyo. Su propia madre fue quien aportó un dato clave: advirtió que su hijo tenía cortes en las manos, compatibles con la pelea. Una vez detenido, el joven optó por guardar silencio y quedó alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Con todas las pruebas biológicas y criminalísticas reunidas en tiempo récord, la causa encontró un cierre rápido. Así, el violento asesinato que sacudió a la comunidad terminó con una condena firme de 18 años de prisión para Buenaventura.