PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA
El Gobierno nacional extendió la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, al considerar que aún persisten problemas estructurales que comprometen el funcionamiento del sistema eléctrico. La decisión fue oficializada este lunes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Según el Ejecutivo, la prórroga permitirá sostener herramientas regulatorias mientras continúan las obras de infraestructura y avanza el proceso de normalización económica del sector. El objetivo es preservar la continuidad del servicio y reducir los riesgos operativos que, aseguran, todavía afectan al sistema energético.
Por qué el Gobierno decidió extender la emergencia energética
Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno señaló que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes de reserva reducidos, lo que limita su capacidad de respuesta frente a situaciones de alta demanda o contingencias. Como referencia, recordó que durante los picos de consumo registrados en febrero de 2025 la reserva operativa fue de apenas 4,4%, un nivel considerado insuficiente.
El documento también advierte sobre el deterioro de la infraestructura eléctrica. De acuerdo con la información oficial, más del 60% de las fallas en la red de distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que varias estaciones transformadoras funcionan con niveles de carga superiores al 90%, una situación que reduce el margen de maniobra ante eventuales inconvenientes.
Además, el Ejecutivo explicó que las principales obras para ampliar la red de transporte eléctrico, como nuevas líneas de alta tensión y proyectos estratégicos, entre ellos AMBA I, demandan plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que consideró necesario mantener vigente el esquema de emergencia.
Subsidios, financiamiento y continuidad del servicio
El decreto también hace referencia a la situación financiera del sistema energético. Si bien destaca que la cobrabilidad de CAMMESA pasó del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, sostiene que todavía existe una diferencia significativa entre el costo real de la energía y el valor que abonan numerosos usuarios.
En ese sentido, el Gobierno indicó que, a mayo de 2026, los usuarios residenciales con subsidios cubrían en promedio el 24% del costo real del abastecimiento eléctrico. Por ello, la extensión de la emergencia permitirá continuar con la implementación gradual del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a sostener la asistencia para los sectores más vulnerables.
Finalmente, el Ejecutivo señaló que la medida también unifica los plazos de la emergencia eléctrica con la del sistema de transporte y distribución de gas natural, debido a la estrecha relación entre ambos servicios. Según argumentó, dejar sin efecto el régimen excepcional podría generar discontinuidades regulatorias, afectar inversiones en marcha y comprometer la prestación del servicio público, además de provocar nuevos desequilibrios financieros en el sector.
