MEDIDAS
El Gobierno de Mendoza avanzó con un proyecto de ley que apunta a endurecer los controles sobre las viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y acelerar los procesos de recuperación de inmuebles adjudicados a personas que incumplen las condiciones del programa.
La iniciativa busca combatir principalmente dos problemáticas: la mora en el pago de las cuotas y el uso indebido de las viviendas sociales, especialmente en casos de alquileres irregulares o abandono de las propiedades.
El IPV quiere mejorar el recupero de cuotas
Desde el organismo explicaron que actualmente cerca del 30% de los adjudicatarios se encuentra en mora, aunque el impacto económico es menor porque las deudas más altas corresponden a programas sociales con cuotas bajas.
Durante abril, el IPV facturó alrededor de 2.300 millones de pesos y logró recaudar aproximadamente 1.942 millones, alcanzando un recupero cercano al 84%.
En los programas destinados a sectores medios, como IPV Mi Casa, entre el 80% y el 90% de las familias paga regularmente y representa la mayor parte de la recaudación. En cambio, en los programas sociales, la mora alcanza al 70% de los adjudicatarios.
Las autoridades señalaron que el objetivo no es perjudicar a quienes atraviesan dificultades económicas, sino detectar a quienes “no quieren pagar” pese a contar con posibilidades para hacerlo. Para esos casos, remarcaron que el IPV cuenta con herramientas de refinanciación y planes de pago.
El foco sobre las viviendas alquiladas o abandonadas
Otro de los ejes del proyecto apunta a los casos en los que las viviendas adjudicadas dejan de cumplir su función social.
El IPV detectó situaciones en las que beneficiarios utilizaron las casas para alquiler permanente o temporario, incluso publicándolas en plataformas turísticas, algo prohibido por la normativa.
También se investigaron casos de adjudicatarios que no habitaban las viviendas y residían en otras propiedades particulares, mientras mantenían las cuotas al día.
Desde el organismo sostienen que estas situaciones afectan directamente la política habitacional, ya que impiden que otras familias con necesidad real puedan acceder a una vivienda.
*Con información de Diario El Sol