REGLAMENTACIÓN
El Gobierno de Mendoza reglamentó el procedimiento para autorizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y aplicación productiva relacionados con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La medida quedó establecida mediante la Resolución 428 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, en el marco de la Ley Provincial 9.617.
La nueva normativa organiza todo el proceso de presentación, evaluación, aprobación, registro y fiscalización de las iniciativas. Además, incorpora criterios para garantizar la calidad científica de los proyectos, la bioseguridad de los procesos, la trazabilidad de los materiales utilizados y el control permanente por parte del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial.
Podrán presentar investigaciones universidades públicas y privadas, organismos estatales de ciencia y tecnología, instituciones educativas, laboratorios habilitados y personas físicas o jurídicas que acrediten convenios de colaboración científica. Los proyectos podrán abarcar aplicaciones medicinales, veterinarias, cosméticas y nutricionales, así como desarrollos vinculados al cáñamo industrial para la producción de fibras, biomateriales, bioplásticos, insumos para la construcción y otros productos.
Antes de ser autorizadas, todas las propuestas deberán superar una evaluación técnica que analizará la metodología, la viabilidad del proyecto, los protocolos de bioseguridad y el impacto esperado. Una vez aprobadas, deberán inscribirse obligatoriamente en el registro provincial, ya que sin ese trámite no podrán comenzar las actividades previstas.
La resolución también establece los contenidos mínimos que deberá incluir cada investigación, como objetivos, metodología, cronograma, antecedentes del equipo de trabajo, aspectos éticos y resultados esperados. Además, los responsables estarán obligados a presentar informes trimestrales de avance y permitir inspecciones para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.
En caso de incumplimientos, la normativa prevé un régimen de sanciones que incluye apercibimientos, multas, suspensión de los proyectos, clausura de establecimientos o plantaciones, decomiso de materiales y la revocación de la inscripción provincial cuando existan reincidencias o riesgos para la salud pública.
