CORRUPCIÓN
Un sistema interno que debía garantizar el control del gasto público terminó funcionando como soporte de un circuito de validación irregular de pagos.
Así lo determinó la Justicia de Mendoza, al confirmar que dentro de la Dirección de Ganadería (durante el gobierno de Francisco Pérez) se consolidó una operatoria basada en documentación apócrifa para justificar salidas de fondos.
La clave del fallo no estuvo solo en la existencia de maniobras aisladas, sino en la lógica de funcionamiento: la causa probó un mecanismo repetido de simulación de servicios, que permitió canalizar recursos estatales sin contraprestación real. Este patrón sostenido fue lo que terminó configurando el delito de malversación de caudales públicos.
En ese esquema, la responsabilidad principal recayó sobre quienes tenían capacidad de decisión. El extitular del organismo, Juan Manuel Tejada, fue sancionado con una multa de 80 millones de pesos y una inhabilitación por siete años, luego de que la Justicia ponderara el impacto económico actualizado del daño sobre el erario público.
En paralelo, el área operativa también quedó alcanzada por las condenas. La intervención en los procesos de compra y validación de gastos derivó en una pena en suspenso y en la exclusión definitiva de la función pública para uno de los responsables del circuito administrativo.
Tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación perpetua
En este sentido, el tribunal conformado por los jueces Mateo Bermejo, David Mangiafico, y Carlos Torres fijó una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Javier Romo, exencargado de compras de la Dirección de Ganadería, por el delito de “fraude a la Administración Pública”.
El expediente avanzó además sobre el entramado técnico que permitió sostener las maniobras, donde la imputación contable y la emisión de pagos jugaron un rol central para otorgar apariencia de legalidad a operaciones inexistentes.
El caso se originó a partir de observaciones en los sistemas de control, que detectaron inconsistencias en la documentación respaldatoria. A partir de allí, la investigación logró reconstruir un volumen significativo de operaciones fraudulentas, confirmando que no se trataba de hechos excepcionales sino de un esquema estructurado.
