FALLO JUDICIAL
El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza aplicó una fuerte sanción al titular nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, al considerar que incumplió una orden judicial que le exigía restituir el acceso gratuito a medicamentos en determinadas provincias.
El fallo, emitido el 14 de mayo, responde a una causa colectiva iniciada por asociaciones de jubilados que cuestionaron las nuevas restricciones impuestas por el PAMI al programa de medicamentos 100% gratuitos. La medida, que había sido suspendida por una cautelar dictada el 26 de diciembre de 2024, fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el pasado 9 de mayo, extendiéndose también a la provincia de Tucumán.
Ante el reiterado incumplimiento del organismo, el juez Pablo Quirós resolvió imponer multas personales de $100.000 por día a Leguízamo, en caso de no acatar la orden judicial en un plazo de tres días desde su notificación. Se trata de sanciones conocidas como astreintes, que buscan obligar al cumplimiento de fallos judiciales y no constituyen una penalidad en sentido estricto.
Sanciones directas al titular del PAMI
El fallo judicial establece que las multas se aplicarán directamente sobre el patrimonio personal del director nacional del PAMI, al constatar lo que calificó como un “incumplimiento continuo e injustificado” de la cautelar vigente.
La resolución también desestima las objeciones del PAMI, que había argumentado que la ejecución de la medida atentaba contra principios procesales y ponía en riesgo su función social. La Justicia sostuvo que ningún planteo del organismo puede suspender el cumplimiento de una orden judicial firme.
Hasta el momento, las sanciones se dirigían al PAMI como institución, mencionando también al director regional en Mendoza, David Litvinchuk, quien junto con Leguízamo ha sido denunciado por desobediencia judicial.
Denuncias en curso y nuevas medidas solicitadas
La organización Jubypen, representada por los abogados Marisa Ucesa y Carlos Blanco, denunció que el PAMI no cumplió con la resolución judicial en Tucumán, ya que no restituyó las condiciones anteriores ni informó públicamente sobre el fallo, como estaba estipulado.
Los letrados pidieron que las sanciones fueran aplicadas de forma personal a Leguízamo, señalando que sancionar solo al organismo diluye la responsabilidad. También solicitaron que se remitan copias del expediente a la Justicia Federal de Tucumán para que se investigue al funcionario por el presunto delito de desobediencia judicial.
Además, el juzgado anunció que evaluará pedidos de cautelares similares en las provincias de Córdoba y Salta, mientras se espera una respuesta formal del PAMI ante este nuevo escenario judicial.
