POLÍTICA ALIMENTARIA
El Gobierno nacional avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.
La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.
Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.
Desde la Federación Argentina de Graduados de Nutrición destacaron que la ley fue discutida por una gran parte de la comunidad científica y que del debate no sólo participaron científicos, sino también representantes de la industria y la política.
La discusión se da en un contexto de presión de la industria alimentaria, que cuestiona la efectividad del etiquetado frontal y advierte sobre su impacto en las ventas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respaldan este tipo de etiquetado como herramienta para combatir la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
