REVÉS PARA EL GOBIERNO
La disputa entre el Gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia Federal suspendiera la resolución que había dispuesto el fin del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y de los aportes obligatorios destinados a su financiamiento.
La medida cautelar fue dictada por el juez Pablo Quirós, quien resolvió dejar sin efecto, de manera provisoria, la aplicación de la Resolución 55/2026 hasta que exista una definición judicial sobre el planteo presentado por la entidad.
Con esta decisión, vuelve a regir el esquema que estaba vigente antes de la normativa nacional, permitiendo la continuidad de los recursos que sostienen distintas acciones vinculadas al desarrollo de la vitivinicultura argentina.
El conflicto comenzó en mayo, cuando el Ejecutivo argumentó que el ciclo del PEVI había concluido y dispuso su cierre definitivo. Sin embargo, desde Coviar cuestionaron la legalidad de la medida y sostuvieron que no podía modificarse por vía administrativa un régimen respaldado por ley.
Tras la presentación judicial realizada por las cámaras empresarias que integran la corporación, la cautelar fue finalmente concedida, garantizando por ahora la continuidad del sistema de financiamiento mientras se resuelve el fondo de la causa.
