CONFLICTO SINDICAL
La CGT (Confederación General del Trabajo) iniciará este miércoles una nueva etapa de protestas contra el Gobierno, luego de haber alcanzado un acuerdo reservado con la Casa Rosada que permitió modificar aspectos de la Ley de Modernización Laboral vinculados al financiamiento sindical.
El primer paso del plan de lucha será una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados. La convocatoria fue organizada junto a las dos CTA (Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina), la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y distintas organizaciones sociales, aunque la central obrera descartó por ahora una estrategia de paros masivos y prolongados.
Dentro de la conducción sindical reconocen que no existe actualmente un escenario favorable para medidas de alto impacto. La preocupación pasa por la posibilidad de que los trabajadores no acompañen huelgas que impliquen descuentos salariales o riesgos laborales en un contexto económico complejo.
Por ese motivo, la CGT optó por una agenda de movilizaciones, asambleas en lugares de trabajo y acciones de protesta que busquen ampliar su respaldo más allá del movimiento sindical. El objetivo es construir las condiciones para una futura medida de fuerza nacional contra la gestión de Javier Milei. El cronograma incluye una marcha por el Día de San Cayetano, prevista para el 7 de agosto, además de nuevas concentraciones frente al Ministerio de Economía, actividades vinculadas a la Semana Social de la Iglesia y protestas relacionadas con fechas del calendario productivo y sindical.
En paralelo, la central obrera analiza aprovechar la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre como una oportunidad para visibilizar sus reclamos. Algunos dirigentes evalúan la posibilidad de acercar sus manifestaciones al recorrido del pontífice en la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia gremial también contempla acciones en estaciones de trenes, aeropuertos y otros puntos de circulación, además de un paro docente impulsado por sindicatos del sector educativo que podría concretarse durante agosto.
El nuevo escenario sindical llega luego de que el Gobierno publicara el decreto 612, que modificó dos puntos de la reglamentación laboral cuestionados por la CGT. Los cambios permitieron mantener determinados mecanismos de recaudación vinculados a las cuotas solidarias y aportes establecidos en convenios colectivos. Aunque el entendimiento evitó un choque inmediato por esos temas, no alcanzó para frenar la confrontación política entre ambas partes. Desde la central obrera aseguran que continuarán con su plan de protestas y que las próximas semanas serán clave para definir si el conflicto escala hacia una medida de alcance nacional.
