La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes el proyecto impulsado por el Gobierno provincial para simplificar los mecanismos de recuperación de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuando existan incumplimientos por parte de los beneficiarios.
La propuesta ya tenía media sanción de Diputados con amplio respaldo, y apunta a facilitar la desadjudicación de inmuebles en situaciones de falta de pago, abandono o utilización irregular de las propiedades, como el alquiler a terceros o su oferta mediante plataformas de hospedaje temporario.

Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá optimizar el uso de los recursos habitacionales en un contexto donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible. Según datos del IPV, existen alrededor de 500 casos vinculados a mora o uso indebido, mientras que unas 100.000 familias permanecen registradas con necesidades habitacionales en toda la provincia.
Uno de los principales cambios que introduce la iniciativa es la eliminación de la homologación judicial previa para las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV. De esta manera, el organismo podrá avanzar más rápidamente con acciones de desalojo una vez concluido el procedimiento administrativo correspondiente.
Desde sectores de la oposición cuestionaron algunos aspectos de la nueva ley, al considerar que no diferencia adecuadamente entre quienes atraviesan dificultades económicas para afrontar las cuotas y aquellos adjudicatarios que hacen un uso irregular de las viviendas.


