ESTRATEGIA
El gobierno de Javier Milei reformó por decreto el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado al cierre de las sesiones extraordinarias y ahora trabaja para blindar la medida en el Congreso. El decreto 941/25 introdujo cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional y reavivó un fuerte debate político.
La norma redefine competencias, reorganiza estructuras internas, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y fija un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica. Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es la habilitación para que personal de Inteligencia pueda ejecutar aprehensiones, bajo supuestos delimitados por el texto.
Desde la oposición cuestionaron que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU y sostienen que no existió necesidad y urgencia. Por ese motivo, reclaman su tratamiento inmediato en el Congreso y avanzaron con presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
En ese contexto, diputados de distintos bloques pidieron conformar dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo, encargadas de controlar a los organismos de inteligencia y de evaluar la validez de los decretos presidenciales. Sin embargo, desde el oficialismo deslizan que la estrategia será no conformarlas durante el receso y estirar los plazos hasta marzo.
El calendario juega a favor del Ejecutivo. El Gobierno tiene margen para enviar el decreto y, ante la falta de comisión, el debate recién podría llegar al recinto hacia fines de enero. La ley establece que un DNU solo cae si ambas Cámaras lo rechazan, por lo que el oficialismo apuesta a blindarlo en al menos una.
En Diputados, la oposición roza el número para el quórum, pero aún necesita sumar voluntades. La postura de gobernadores, del radicalismo y de bloques aliados será decisiva. Mientras tanto, el PRO adelantó su respaldo con reparos y los libertarios confían en que el tema no genere el consenso necesario para ser volteado.
La discusión promete tensar el inicio del año legislativo y anticipa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso por el uso de los decretos.
