AJUSTE
El Gobierno nacional acelera su plan de reducción del gasto público y avanza con una nueva etapa de recortes en el empleo estatal. En el corto plazo, la meta es concretar la salida de entre 5.000 y 6.000 trabajadores, como parte de una estrategia más amplia que apunta a achicar la estructura del Estado.
El objetivo para todo 2026 es más ambicioso: se busca recortar cerca del 10% de la planta total, lo que implicaría más de 27.000 desvinculaciones. El ajuste no solo alcanzará a la Administración Pública Nacional, sino también a empresas y sociedades del Estado, en un proceso que ya comenzó a implementarse en distintas áreas.
La decisión se da en un contexto de menor recaudación y desaceleración económica, que obligó al Ejecutivo a profundizar el ajuste sobre los gastos corrientes. Según datos oficiales, el sector público nacional contaba con más de 278.000 empleados a comienzos de año, y el plan prevé una reducción progresiva a lo largo de los próximos meses.
El escenario se complejiza por el frente laboral. El desempleo cerró 2025 en 7,5%, lo que representa más de 1,7 millones de personas sin trabajo. En ese marco, la combinación entre caída de la actividad y reducción del empleo estatal genera preocupación, especialmente en regiones donde el sector público tiene un peso importante.
Pese a esto, desde el Gobierno sostienen que el ajuste es necesario para alcanzar el equilibrio fiscal y estabilizar la economía. La apuesta oficial es que la reducción del gasto permita contener la inflación, aunque el impacto social del recorte ya empieza a generar debate.
