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El Gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar con firmeza la ofensiva legislativa de la oposición, que busca aprobar proyectos con fuerte impacto fiscal, entre ellos la reforma jubilatoria, la declaración de emergencia en discapacidad y un aumento presupuestario para las universidades públicas.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Ejecutivo aplicará el veto presidencial a cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal, reafirmando la prioridad del Gobierno en mantener el equilibrio económico.
“Actualmente no hay recursos disponibles, especialmente en el sistema previsional, para financiar incrementos en partidas presupuestarias”, explicó Francos en diálogo con Radio Rivadavia. “Si se aprueba alguna norma que incremente el gasto sin respaldo financiero, el Ejecutivo la vetará sin dudas. No hay magia posible”.
El funcionario además planteó la necesidad de avanzar en reformas estructurales, como cambios en el contrato de trabajo y en el sistema tributario, para estimular la inversión y el crecimiento económico.
El precedente de los “87 héroes”
No es la primera vez que el Gobierno recurre al veto para frenar iniciativas con alto costo fiscal. En su primer año de gestión, Milei vetó un aumento general del 8,2% en las jubilaciones y la suba presupuestaria para las universidades, pese al respaldo mayoritario de la oposición y a masivas protestas sociales.
La decisión fue respaldada en el Congreso por un bloque de 87 legisladores oficialistas y aliados, quienes permitieron mantener la postura del Ejecutivo y desactivar las leyes. Este episodio, conocido como la defensa de los “87 héroes”, fue celebrado públicamente por Milei en un evento en la Quinta de Olivos.
Nueva avanzada opositora
Este miércoles, el Congreso debatirá proyectos que incluyen la extensión de la moratoria previsional por dos años, un régimen proporcional para quienes no alcanzan los 30 años de aportes, una actualización del 7,2% en los haberes y un aumento del bono para jubilados que pasaría de $70 mil a más de $100 mil, con ajuste por inflación.
En paralelo, se analiza la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, que implicaría una recomposición de aranceles, actualización de pensiones y modificación de requisitos para acceder a beneficios.
Asimismo, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un proyecto para garantizar el financiamiento de la educación superior pública, que prevé aumentos salariales ajustados a la inflación y un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar al menos el 1,5% del PBI en 2031.
Estas iniciativas cuentan con amplio respaldo en bloques como Unión por la Patria, Izquierda, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica, aumentando las chances de que avancen en el recinto.
La respuesta oficial
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, criticó duramente a la oposición por proponer “con falsa demagogia y total irresponsabilidad” proyectos con un costo fiscal superior a 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI).
“Buscan romper el equilibrio fiscal que tanto esfuerzo nos costó lograr, escondiéndose detrás de causas nobles”, advirtió Menem, y llamó a no caer en la trampa de quienes buscan “el fracaso del Gobierno para volver al poder y sostener sus privilegios”.
¿Qué sigue?
El veto presidencial puede ser revertido por el Congreso si se logra una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, un desafío complejo en un año electoral y con temas sensibles que impactan en jubilados, personas con discapacidad y universidades.
El escenario legislativo está abierto y la tensión entre Ejecutivo y oposición promete intensificarse en las próximas semanas.