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REFORMA DEL ESTADO

Diputados dio media sanción al proyecto de Cornejo para recortar organismos estatales

La iniciativa incluye la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos y la liquidación de activos de los ex bancos provinciales.

legislatura mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción este miércoles al proyecto enviado por el Ejecutivo para recortar estructuras estatales, reordenar organismos y adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Se trata del “plan motosierra” impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo en medio de la caída sostenida de la recaudación y proyecciones poco promisorias de recuperación en el corto plazo.

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La norma fue aprobada con 33 votos positivos de los bloques de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y otras bancadas aliadas al oficialismo, ocho negativos del PJ y Fuerza Patria, y seis ausentes.

Entre los ejes centrales del proyecto se destaca la adhesión al RIMI, un régimen nacional orientado a promover inversiones productivas en MiPyMEs con beneficios como amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. El paquete de medidas se complementa con el que ya aplicó el oficialismo en 2024, denominado “Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado”.

El proyecto también dispone la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), que agotó sus recursos tras décadas de funcionamiento. El Gobierno explicó que el organismo vio reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen. En su reemplazo, se plantea la adhesión al RIMI destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

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Además, autoriza la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) para optimizar la gestión y racionalizar el uso de los recursos públicos, y el cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos, con la baja de créditos incobrables de hasta 30 años de antigüedad para reducir costos y evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia.

La iniciativa deberá ser tratada ahora en el Senado provincial para convertirse en ley.