FUERTE ADVERTENCIA
El debate por la baja de la edad de imputabilidad de menores volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y encontró al gobernador Alfredo Cornejo con una postura clara: respaldo político a la iniciativa nacional, pero con advertencias concretas sobre su implementación en las provincias.
Durante una actividad oficial en Luján de Cuyo, el mandatario mendocino sostuvo que las reformas penales impulsadas desde la Nación no pueden analizarse de manera aislada, ya que su ejecución recae directamente sobre los gobiernos provinciales, particularmente en áreas sensibles como seguridad, infancia e infraestructura penitenciaria.
En ese marco, Cornejo subrayó que cualquier modificación del régimen de imputabilidad implica incorporar a más menores bajo la tutela del Estado, lo que se traduce en mayores exigencias presupuestarias y operativas. “No es lo mismo administrar un sistema con 80 menores detenidos que uno que deba absorber 300 más”, advirtió, al remarcar que sin financiamiento adecuado la reforma se vuelve impracticable.
El gobernador evitó tomar posición sobre la edad exacta que debería fijar la ley, ya sea 13, 14 o 16 años, y dejó ese debate en manos de especialistas y legisladores. No obstante, consideró necesario revisar el marco normativo actual frente a situaciones en las que menores no imputables participan en delitos graves, muchas veces aprovechados por estructuras delictivas organizadas.
Lejos de presentar la reforma como una solución inmediata, Cornejo advirtió sobre el riesgo de generar expectativas desmedidas. Según planteó, el solo cambio legal no alcanza para revertir fenómenos profundos vinculados a la delincuencia juvenil, si no va acompañado de políticas integrales y recursos sostenidos.
