SEGURIDAD
Un nuevo proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó alarma en sectores del ámbito judicial y de las fuerzas de seguridad. La propuesta, que modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (Ley 21.965), incluye entre sus puntos más controvertidos la habilitación del patrullaje de redes sociales y sitios web públicos sin necesidad de una orden judicial.
La iniciativa busca reestructurar profundamente a la Policía Federal con el objetivo de convertirla en una fuerza de inteligencia proactiva y federal, inspirada en el modelo del FBI estadounidense.
Uno de los artículos que más preocupación generó es el inciso 11 del artículo 6, que permitiría a la Policía Federal realizar tareas de “prevención del delito en espacios públicos digitales”, como redes sociales abiertas, sin autorización judicial previa. Aunque el texto aclara que estas acciones deberán respetar la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión, distintas voces cuestionan la ambigüedad del lenguaje y el riesgo de abuso.
Detenciones sin orden judicial y registros ambiguos
Otro punto sensible es el inciso 7, que establece que la Policía podrá detener a personas sin orden judicial si existen “circunstancias fundadas” que hagan presumir la comisión de un delito y la persona no acredite su identidad. En ese caso, el detenido podrá ser conducido a una dependencia policial, con aviso al juez, y permanecer demorado el tiempo “mínimo necesario” para establecer su identidad.
La redacción, cargada de zonas grises, también habilita a la fuerza —según el inciso 8— a “registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a una actividad que la Policía debe reprimir”, sin mayor precisión. En el inciso 12, el texto propone que la Policía Federal esté habilitada para “realizar las acciones necesarias para la prevención del delito y el mantenimiento del orden público”, incluso en tareas ampliadas por orden directa del Ministerio de Seguridad.
¿Una fuerza moderna o un retroceso institucional?
El borrador justifica estos cambios en la necesidad de que la Policía Federal sea líder en la investigación de delitos complejos y en la desarticulación de organizaciones criminales, en un contexto de crimen transnacional creciente. Sin embargo, integrantes de las propias cúpulas policiales y expertos en derecho penal y libertades individuales advirtieron que las facultades propuestas son “excesivas” y abren la puerta a prácticas arbitrarias.
La propuesta se da en paralelo con otras iniciativas del Ejecutivo, como el proyecto de “Principio de Inocencia Fiscal”, y se inscribe dentro de un plan más amplio del Gobierno para reformar el aparato estatal de seguridad.
Aún sin ingresar formalmente al Congreso, el proyecto ya despertó un intenso debate sobre los límites del poder policial, la vigilancia digital y las garantías constitucionales en democracia.