Seguridad
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, encabezado por Mercedes Rus, firmó un convenio con la Dirección General de Escuelas (DGE) para implementar programas que permitan a los trabajadores de seguridad privada finalizar sus estudios secundarios. La medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley N° 9578, recientemente reglamentada, que establece la terminalidad educativa obligatoria como condición para ejercer en el rubro.
El acuerdo fue firmado el 21 de mayo de 2025 y contempla una prórroga del plazo legal para acreditar el título secundario. A partir de ahora, quienes ya estén trabajando en empresas habilitadas y no cuenten con ese requisito, dispondrán de un año para comenzar y completar su escolarización.
¿Qué establece el convenio?
El convenio instruye a la cartera de Seguridad a coordinar la ejecución de los planes con la DGE, bajo la resolución 2145, e impone la obligación a las empresas de seguridad privada de colaborar activamente en este proceso.
Compromisos del Ministerio de Educación y la DGE
Garantizar el acceso del personal a los programas de terminalidad educativa existentes (como CENS, FINES, entre otros).
Ofrecer modalidades virtuales, presenciales o semipresenciales, según las posibilidades y necesidades de cada trabajador.
Asegurar la asignación de aulas, docentes, materiales y seguimiento pedagógico, de acuerdo con la disponibilidad institucional.
Compromisos de la Dirección de Seguridad Privada
Respetar y validar los trayectos formativos oficiales, habilitando la renovación de credenciales a quienes estén incluidos en dichos programas.
Brindar asesoramiento y acompañamiento a los trabajadores para facilitar su acceso a la educación.
Exigir constancias de avance escolar como parte del trámite de renovación de credenciales.
Profesionalización del sector
Esta iniciativa se inscribe en el marco de la nueva normativa provincial, que busca elevar los estándares del servicio de seguridad privada mediante requisitos formativos mínimos. La ley fue sancionada tras un proceso participativo que incluyó consultas con representantes del sector.
Con este paso, el Gobierno busca profesionalizar la actividad, fortalecer las capacidades del personal y mejorar las condiciones laborales de un rubro clave para la prevención y protección ciudadana.