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MERCADO

Preocupa al sector inmobiliario un proyecto que elimina la exigencia de título universitario

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional propone desregular la actividad, flexibilizar los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario o martillero público, liberar los honorarios y ampliar el rol de las plataformas digitales. En Mendoza, referentes del sector advirtieron sobre el impacto que podría tener en la seguridad jurídica de las operaciones.

mercado inmobiliario

El Gobierno nacional presentó un anteproyecto de reforma que busca modificar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Entre los cambios más relevantes, plantea que para ejercer como corredor inmobiliario o martillero público ya no sea necesario contar con un título universitario, sino únicamente ser mayor de edad y tener el secundario completo. La propuesta forma parte del paquete de medidas de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger.

Desde Mendoza, la iniciativa fue recibida con preocupación. La reforma implica un retroceso al eliminar la formación específica que, resulta indispensable para afrontar situaciones complejas como embargos, inhibiciones, sucesiones o restricciones al dominio. Además, que el trabajo del corredor excede la intermediación comercial y requiere un profundo asesoramiento técnico y jurídico.

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Según mencionaron desde el sector, la iniciativa representa una "desprofesionalización" de la actividad. La matrícula profesional y la intervención de los colegios constituyen mecanismos de control que brindan transparencia, supervisan el ejercicio de la profesión y aportan seguridad jurídica a quienes realizan operaciones inmobiliarias.

El proyecto también propone eliminar las referencias legales sobre honorarios, permitiendo que las comisiones sean pactadas libremente entre las partes. Para referentes del área, la desaparición de esos parámetros podría generar abusos en mercados con poca competencia, mientras que el sistema actual ofrece herramientas de control para proteger a los consumidores.

Otro de los puntos que genera debate es la mayor participación de las plataformas digitales. Aunque el sector reconoce que estas herramientas ya forman parte del negocio inmobiliario, advierte que la propuesta habilitaría a que asuman funciones similares a las de una inmobiliaria tradicional. Desde las entidades sostienen que ninguna plataforma puede reemplazar el trabajo de un profesional matriculado en tareas como la tasación, el análisis documental o el asesoramiento legal que requiere una operación sobre el patrimonio de las personas.

*Con información de diario El Sol