MEDIDAS FISCALES
A pesar de que la Ley 27.743, sancionada en 2024, ya está vigente y obliga a los comercios a detallar en sus facturas todos los impuestos incluidos en el precio final de los productos, Mendoza aún no ha adherido a la norma. La legislación, que apunta a transparentar la carga tributaria que afrontan los consumidores, establece que se debe discriminar no sólo el IVA, sino también Ingresos Brutos y tributos municipales.
La provincia integra un grupo de cinco jurisdicciones que aún no han formalizado su adhesión, junto con CABA, Catamarca, Entre Ríos y Misiones. En contraste, Chubut fue la primera en alinearse con la ley, y varias otras ya evalúan avanzar en ese camino.
La implementación de esta medida implica un cambio estructural en los sistemas de facturación, ya que se requiere que cada comprobante muestre de forma clara el monto correspondiente a cada impuesto aplicado en la operación comercial. Esta disposición tiene como objetivo brindar mayor visibilidad sobre el peso fiscal que incide en el precio final de los productos y servicios.
La ley contempla dos fases. En la primera, ya en marcha, los comercios deben detallar el IVA en los tickets. La segunda etapa exigirá identificar también otros impuestos nacionales indirectos y tasas locales. Para ello, se prevé incluso la figura de un "agente de cálculo", que permitirá medir el impacto tributario en toda la cadena productiva.
En Mendoza, el tratamiento de esta adhesión está bajo análisis del Ministerio de Hacienda. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre cuándo se definirá su implementación ni detalles sobre posibles sanciones o parámetros de aplicación. Tampoco se ha establecido si habrá un tratamiento diferenciado para pymes, como permite la normativa nacional.
Desde la sociedad civil, organizaciones dedicadas a la concientización fiscal monitorean el avance de la norma a nivel nacional. Advierten que, más allá del cumplimiento legal, el conocimiento del componente impositivo en cada compra es clave para entender el verdadero costo de los bienes y servicios, así como para exigir un uso eficiente de esos recursos por parte del Estado.