INCERTIDUMBRE
A casi un año de haber vuelto a manos privadas, IMPSA todavía no consigue cerrar uno de los capítulos clave de su reestructuración financiera: la homologación judicial del acuerdo alcanzado con sus acreedores por una deuda de US$ 583 millones. Aunque el 84% de los acreedores aceptó la propuesta, el expediente continúa sin resolución en la Justicia Concursal de Mendoza.
Mientras la compañía intenta reposicionarse con nuevos negocios en Estados Unidos, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) firmado hace varios meses sigue a la espera de un aval judicial indispensable para que la reestructuración quede formalmente consolidada. La demora genera incertidumbre en la empresa, que en febrero cumple su primer año desde la reprivatización, tras haber permanecido tres años y medio bajo control del Estado nacional y provincial.
El APE fue aprobado en asamblea el 15 de octubre y desde entonces se encuentra radicado en el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, bajo el expediente “IMPSA S.A. p/APE Grande”. Si bien inicialmente se esperaba una homologación casi automática, el trámite permanece estancado.
La deuda a reestructurar —uno de los principales hitos para la nueva etapa de IMPSA— involucra a bancos y organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Export-Import Development Canada y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En conjunto, los acreedores que adhirieron a la propuesta del nuevo dueño, ARC Energy, representan el 97% del total del pasivo involucrado.
Qué dice la Justicia y la postura de IMPSA
Recién hacia fines de 2025, la jueza Gloria Cortés, titular del tribunal concursal, se pronunció sobre la presentación del acuerdo. En una resolución fechada el 18 de diciembre, señaló que el APE fue presentado “con todos los recaudos requeridos por el artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras”.
Ese artículo exige, entre otros puntos, la presentación de un estado actualizado de activos y pasivos, el detalle completo de los acreedores y sus créditos, una certificación de inexistencia de otros acreedores, además de una nómina de juicios en trámite o con condenas firmes pendientes de cumplimiento. La complejidad de estos requisitos volvió más intrincado el proceso.
De hecho, la magistrada ya había realizado observaciones y requerimientos adicionales a la empresa. Desde IMPSA, sin embargo, sostienen que el expediente avanza dentro de los plazos habituales y que lo pendiente responde a “trámites formales”.
Para que la homologación se concrete aún restan pasos de rigor, como la publicación del edicto correspondiente, aunque todo indica que antes deberán cumplirse otras instancias procesales.