TELEFONÍA
El Gobierno de Mendoza avanzó con un nuevo llamado a licitación para la contratación del servicio de telefonía celular destinado a toda la administración pública provincial. La medida fue formalizada mediante el Decreto 672, con fecha del 7 de abril y publicado en el Boletín Oficial.
La iniciativa prevé una inversión estimada de $540 millones, que se distribuirá en pagos mensuales cercanos a los $22,5 millones. El servicio contemplará prestaciones de voz, datos móviles y roaming internacional, con cobertura tanto dentro como fuera del país.
Según se detalla en el expediente, el alcance del servicio incluye a la Administración Central, organismos descentralizados y otras entidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Además, se habilita la posibilidad de extender las condiciones del contrato a otros organismos estatales e incluso a municipios que opten por adherirse.
Actualmente, el sistema estatal cuenta con 2.348 líneas activas, administradas por la Dirección de Informática, que tiene a su cargo garantizar la conectividad en distintas dependencias públicas. La nueva licitación apunta a actualizar este esquema mediante la incorporación de provisión de equipos, mantenimiento e implementación técnica.
De este modo, se busca fortalecer el funcionamiento del sistema de comunicación del Estado, integrando servicios y optimizando recursos en un esquema unificado.
El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, con la posibilidad de extenderse por un año adicional. Asimismo, en caso de no renovarse, se establece la obligación del proveedor de mantener el servicio hasta por seis meses más, garantizando la continuidad operativa durante la transición.
En cuanto a la distribución presupuestaria, el decreto establece una asignación de $187,5 millones para 2026, $270 millones para 2027 y $82,5 millones para 2028, reflejando el carácter plurianual de la contratación.
La licitación se encuadra en la normativa vigente de administración financiera provincial y cuenta con la intervención de los organismos de control, además de la conformación de comisiones técnicas encargadas de evaluar las ofertas y supervisar la prestación.
