El Gobierno de Mendoza confirmó la cesantía de diez agentes de distintas áreas de la administración pública, a través de los decretos 1.196, 1.534 y 1.537, y las resoluciones 1.314, 4.031, 4.216, 16, 245, 1.321 y 621.
Las medidas se adoptaron tras sumarios administrativos que acreditaron conductas incompatibles con la función pública. La cesantía es una de las sanciones más severas previstas en el régimen laboral estatal y tiene carácter expulsivo.

En el Ministerio de Seguridad y Justicia, fueron sancionados un suboficial penitenciario y dos exoficiales de policía por faltas graves al régimen disciplinario. En la Dirección General de Escuelas, se dispuso la cesantía de una administrativa y dos celadoras por inasistencias injustificadas prolongadas.
Por su parte, en la Dirección General de Protección, cuatro agentes fueron cesanteados por ausencias reiteradas e incumplimientos laborales, algunos con registros extremos, como 332 inasistencias en un año.
Las causales principales que motivaron estas decisiones fueron tres: inasistencias sin justificación, faltas graves en el área de seguridad e irregularidades administrativas.


