SALUD MENTAL
En Mendoza, especialistas en salud mental alertan sobre un incremento en los casos de suicidio relacionados con el consumo problemático de sustancias ilegales. Esta situación afecta a diversos sectores sociales y rangos etarios, mostrando un fenómeno extendido y complejo.
El aumento de la demanda en atención de salud mental llevó a las autoridades a fortalecer los recursos disponibles, incorporando guardias especializadas en hospitales públicos y ampliando la oferta de camas para internación. Además, se implementaron las llamadas “Casas de Medio Camino”, espacios de acompañamiento para quienes están en proceso de recuperación y reinserción social tras internaciones.
La mayoría de los casos de suicidio presentan antecedentes de consumo problemático, con una edad promedio de 25 años y un rango predominante entre los 15 y 35 años. Este fenómeno responde a procesos prolongados de sufrimiento y deterioro mental que suelen llegar sin tratamiento a tiempo.
Los factores psicosociales combinados con predisposiciones genéticas contribuyen a la persistencia del consumo y la aparición de trastornos mentales asociados. Aunque las tasas de suicidio se mantienen relativamente estables, preocupa el aumento de intentos, que superan un caso diario.
El consumo problemático afecta la salud física y mental, coexistiendo frecuentemente con trastornos como depresión, ansiedad, bipolaridad o trastornos psicóticos. En muchos casos, el consumo inicia como una forma de automedicación, pero termina agravando la situación y provocando adicción.
Entre las sustancias más relacionadas con estos casos se destaca la cocaína, acompañada de marihuana y alcohol. Si bien estas últimas son más consumidas, la cocaína suele generar consecuencias más severas que requieren atención especializada.
Un cambio en la percepción social ha impulsado una mayor apertura para hablar sobre el suicidio, reconociendo la importancia de la prevención y la información pública. En este contexto, se están desarrollando sistemas para mejorar la recopilación de datos, evaluar la accesibilidad a tratamientos y fortalecer el seguimiento epidemiológico, con el objetivo de diseñar políticas efectivas para enfrentar esta problemática.
