El RIGI bajo la lupa: la mayoría de los proyectos ya existían antes de su aprobación

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 como una de las banderas del oficialismo para impulsar la reactivación económica, quedó en el centro del debate. Un relevamiento de la Fundación Encuentro concluyó que el esquema no logró atraer capital nuevo, sino que terminó consolidándose como un paquete de beneficios fiscales para proyectos ya existentes.

Según el informe, el Gobierno prometió u$s50.000 millones en inversiones, pero hasta ahora sólo se aprobaron u$s8.572,8 millones, es decir un 17,1% de lo previsto. Y si se cuentan únicamente los proyectos posteriores al RIGI, la cifra se reduce a apenas u$s255 millones, lo que representa el 0,5% de lo anunciado. De los siete planes aprobados, seis ya estaban en marcha o habían sido comunicados antes de la sanción de la ley.

En cuanto a los sectores productivos, el régimen se concentró en petróleo y gas, energía, minería y siderurgia, mientras que áreas como turismo, forestoindustria, tecnología e infraestructura quedaron fuera de la agenda. Incluso, la Inversión Extranjera Directa de 2025 fue negativa, con un saldo de -u$s1.679 millones, lo que evidencia que no hubo un boom inversor.

Entre los ejemplos destacados, el informe señala a YPF, que participa en tres de los siete proyectos aprobados, dos de ellos vinculados a Vaca Muerta. Para la Fundación Encuentro, esto demuestra que el régimen “no atrajo nuevas inversiones, sino que funcionó como una transferencia de recursos fiscales a empresas que ya tenían definidas sus iniciativas”.

Hasta ahora, el Gobierno nacional aprobó proyectos RIGI por u$s13.067 millones de un total de u$s33.876 millones presentados, es decir un 35% de las propuestas. Fuentes oficiales estiman que el Ejecutivo deberá prorrogar la vigencia del régimen más allá de julio de 2026 para dar tiempo a evaluar los proyectos pendientes.

En ese contexto, la conclusión del informe es clara: la Argentina no carece de proyectos productivos, sino de políticas públicas que prioricen el valor agregado, el empleo y los encadenamientos productivos como motores reales del desarrollo.