El gobierno de Javier Milei se prepara para lanzar en los próximos días un ambicioso plan de blanqueo de capitales, con el objetivo de atraer parte de los más de 200.000 millones de dólares que, según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, principalmente en cajas de seguridad y en sus hogares.
La iniciativa, que se implementaría por decreto para evitar trabas legislativas, busca ofrecer una "amnistía total" a quienes decidan utilizar esos dólares en la economía formal. El Gobierno pretende así desmontar la idea de que quienes atesoran divisas en el ámbito informal son evasores, y en cambio presentarlos como "héroes" que podrían contribuir a dinamizar la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el objetivo es permitir el uso de esos dólares para consumos específicos sin necesidad de justificar su origen. “La idea es que se puedan usar sin dar explicaciones”, sostuvo. En el Ejecutivo apuestan a que el plan permita regularizar al menos 10.000 millones de dólares antes de fin de año, lo que podría traducirse en una recaudación fiscal de aproximadamente 2.000 millones de dólares.
Milei y Caputo consideran que si una parte significativa de esos fondos se incorpora al circuito formal, se generaría un shock de crédito que podría apuntalar la inversión y acelerar el crecimiento económico. No se trata de una cifra menor: los dólares guardados equivalen a cerca de un tercio del Producto Bruto Interno anual del país.

Entre las medidas complementarias en análisis, se evalúa permitir a los productores agropecuarios pagar insumos directamente en moneda extranjera y exceptuar esas operaciones del impuesto al cheque, que actualmente es del 1,2%. “Es una medida pensada para movilizar los dólares que tienen guardados muchos productores”, señalan en el mercado.
El Gobierno asegura que trabaja en la “letra chica” del decreto para ofrecer garantías claras a los potenciales adherentes. Para Milei, este blanqueo podría convertirse en una verdadera inyección de confianza y liquidez que marque un punto de inflexión en la política económica de su gestión.