MEDIDAS
El Gobierno nacional avanzó con una flexibilización del régimen de importación de maquinaria y líneas de producción usadas, una medida que apunta a facilitar el acceso de las empresas argentinas a equipamiento industrial proveniente del exterior y a reducir los costos de inversión.
La decisión quedó formalizada a través del Decreto 483/2026, que introduce cambios en materia tributaria, administrativa y operativa para agilizar la incorporación de bienes de capital utilizados en procesos productivos.
Menos impuestos para importar equipos usados
Uno de los principales cambios es la reducción de la carga tributaria para las empresas que importen líneas de producción usadas.
Según la nueva normativa, estos bienes pagarán únicamente el 25% del arancel de importación correspondiente y quedarán exentos de la tasa de estadística y de la tasa de comprobación de destino, dos costos que hasta ahora encarecían las operaciones.
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca fomentar inversiones productivas y facilitar la modernización tecnológica de distintos sectores industriales.
Se amplían los bienes alcanzados por el régimen
El decreto también flexibiliza las condiciones para acceder a los beneficios.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la eliminación de la exigencia que obligaba a que el componente principal de una línea de producción fuera nuevo. A partir de ahora, podrán incorporarse más equipos usados dentro de los proyectos de inversión.
Además, se suman nuevas categorías de bienes elegibles, entre ellas:
- Instalaciones para generación de energía eléctrica.
- Sistemas de almacenamiento inteligente.
- Equipos reconstruidos o actualizados con una antigüedad de hasta 30 años.
La ampliación del régimen busca abarcar sectores estratégicos vinculados a la energía, la industria y la innovación tecnológica.
Menor obligación de incorporar producción nacional
Otro cambio significativo afecta a los requisitos de integración local.
Hasta ahora, los proyectos debían incorporar bienes de producción nacional por un valor equivalente al 30% de la inversión comprometida. Con la nueva reglamentación, ese porcentaje se reduce al 10%, otorgando mayor flexibilidad a las empresas al momento de definir sus compras.
La modificación busca simplificar los proyectos de inversión, aunque también genera interrogantes sobre su impacto en la industria nacional proveedora de bienes de capital.
Trámites más rápidos y menos burocracia
La normativa incorpora mecanismos para acelerar los procesos administrativos y evitar demoras en la puesta en marcha de inversiones.
Las auditorías tradicionales serán reemplazadas por sistemas de rendición de cuentas respaldados por profesionales certificados, mientras que se fijan plazos más estrictos tanto para las empresas como para los organismos encargados del control.
Además, se crea la Constancia de Expediente en Trámite (CET), una herramienta que permitirá importar maquinaria antes de obtener la aprobación definitiva del proyecto, siempre que se constituyan las garantías aduaneras correspondientes.
El objetivo es que las inversiones no queden paralizadas mientras se completan los procedimientos administrativos.
Qué pasa si el Estado no responde a tiempo
El decreto también establece mecanismos para evitar que los expedientes queden indefinidamente pendientes.
Si la autoridad de aplicación no se pronuncia dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo para presentar la rendición de cuentas, la instancia administrativa se considerará concluida y las garantías podrán liberarse automáticamente.
Con esta medida, el Ejecutivo busca otorgar mayor previsibilidad a las empresas y reducir los tiempos de espera.
Sanciones más duras para quienes incumplan
Junto con las flexibilizaciones, el Gobierno endureció el esquema de penalidades para los beneficiarios que incumplan las condiciones del régimen.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá ejecutar total o parcialmente las garantías cuando detecte irregularidades, incumplimientos documentales o un uso indebido de la CET.
Además, se aplicarán multas equivalentes al 20% de los tributos que hubieran dejado de abonarse, junto con los intereses correspondientes y un recargo adicional del 2% mensual.
Cuándo entran en vigencia los cambios
Las nuevas disposiciones comenzarán a regir el 24 de junio de 2026 y también alcanzarán a expedientes que aún tengan pendiente la liberación o ejecución de garantías.
De esta manera, el Gobierno busca unificar criterios para todos los trámites en curso y acelerar la llegada de maquinaria y tecnología importada destinada a proyectos productivos en Argentina.