FINANCIAMIENTO
El Gobierno nacional autorizó la realización de operaciones de financiamiento por hasta u$s5.000 millones con entidades financieras internacionales, en una medida orientada a reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma habilita la toma de préstamos en dólares respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales de crédito y permite que los contratos incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York, en caso de eventuales controversias judiciales.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Según el texto oficial, la medida busca mejorar las condiciones de acceso al crédito y optimizar las fuentes de financiamiento del sector público.
Los alcances de la nueva autorización de deuda
La normativa faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a instrumentar las operaciones necesarias para concretar el financiamiento, definir las condiciones financieras de los préstamos y seleccionar las entidades participantes.
Además, autoriza la contratación de agentes fiscales, calificadoras de riesgo y otros servicios vinculados a las colocaciones de deuda.
Jurisdicción en Nueva York y límites a la ejecución de activos
Uno de los puntos centrales del decreto es la posibilidad de incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a tribunales de Nueva York y la renuncia a oponer inmunidad de jurisdicción frente a reclamos relacionados con los préstamos.
Sin embargo, el texto aclara que la Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los bienes diplomáticos y consulares, los recursos provenientes de la recaudación tributaria, los bienes militares y el patrimonio cultural nacional.
De esta manera, el Gobierno avanza en una nueva estrategia de financiamiento externo, con el objetivo de obtener recursos en mejores condiciones financieras y ampliar las alternativas de acceso al crédito internacional.