FINANCIAMIENTO
El Ministerio de Economía anunció que ofrecerá un bono denominado en dólares por hasta USD 2.000 millones con el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para julio, que superan los USD 4.200 millones.
El nuevo instrumento podrá suscribirse por hasta USD 150 millones por subasta y contará con una segunda vuelta de hasta USD 100 millones adicionales al precio de corte. Tendrá una tasa del 6% anual, con pagos mensuales, y los fondos obtenidos se destinarán a cancelar capital de títulos que vencen en julio de 2026.
La decisión se conoce en un contexto de fuerte atención sobre el mercado de deuda en pesos. Esta semana, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por $7,2 billones, producto del canje de títulos realizado días atrás. El desafío central será lograr un nivel elevado de rolleo, es decir, que los inversores renueven sus posiciones en lugar de exigir el pago en efectivo.
Según operadores del mercado, el objetivo oficial es alcanzar un refinanciamiento cercano al 90% o 100%, para evitar una expansión monetaria que pueda presionar sobre el dólar y la inflación. En la última operación, el Gobierno logró un rolleo superior al 100%, lo que dio cierto margen de maniobra.
En las últimas jornadas, las tasas de corto plazo superaron el 40%, reflejando tensiones de liquidez. El intervino para moderar el costo de financiamiento y evitar un salto mayor en la tasa de caución.
De acuerdo con datos oficiales, el Tesoro mantiene depósitos en pesos por alrededor de $4,8 billones y posiciones en moneda extranjera equivalentes a más de $446.000 millones al tipo de cambio oficial. Estos recursos funcionan como respaldo parcial frente a los compromisos inmediatos, aunque el volumen de vencimientos obliga a sostener un alto nivel de refinanciamiento.
El ministro busca equilibrar dos objetivos: asegurar financiamiento sin convalidar tasas demasiado elevadas, que encarecen la deuda y afectan la actividad económica. El resultado de la próxima licitación será clave para medir la capacidad del Gobierno de sostener su estrategia financiera en un escenario de liquidez restringida y volatilidad cambiaria.
