La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualizó los montos mínimos a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes. Estas disposiciones, establecidas mediante la Resolución General 5512/2024, entraron en vigencia el 1° de enero de 2025 y buscan reforzar el control fiscal.
La actualización de estos parámetros se realiza de forma semestral y automática, siguiendo las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

¿Qué movimientos deben informarse y a partir de qué montos?
Las entidades financieras y billeteras virtuales están obligadas a reportar a ARCA las siguientes operaciones:
Montos superiores a $600.000:
- Total de consumos realizados con tarjetas de débito.
- Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.
Montos superiores a $1.000.000:
- Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.
- Depósitos a plazo fijo constituidos en el mes.
- Extracciones de efectivo, ya sea en el país o en el exterior, por cualquier medio.
- Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil del mes.
- Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil del mes.
Montos superiores a $2.000.000 (aplicable solo a billeteras virtuales):
- Transferencias bancarias o virtuales que superen este monto.

¿Cómo afecta esta medida a los contribuyentes?
Aunque esta disposición implica un mayor control por parte del Estado, no afecta directamente a los consumidores, ya que el régimen de información es responsabilidad de las entidades financieras y las plataformas de billeteras virtuales.
Sin embargo, aquellos contribuyentes cuyos movimientos financieros no coincidan con sus declaraciones tributarias podrían ser objeto de investigaciones o medidas como embargos preventivos. Por ello, es clave mantener al día las obligaciones fiscales y asegurar que las transacciones se correspondan con los ingresos declarados.
Estas disposiciones buscan optimizar la recaudación y prevenir maniobras de evasión fiscal en un contexto de mayor digitalización y diversificación de los medios de pago.


