La iniciativa presentada en la Legislatura busca que los internos utilicen indumentaria de alta visibilidad dentro de cárceles y alcaidías. También plantea que el costo del uniforme sea pagado por los propios detenidos.
La excarcelación se concretó en dos cárceles del país y fue confirmada por una organización de derechos humanos, que aún verifica si hubo más liberaciones durante la madrugada.
Uno de los detenidos es Enzo Leonel Páez, de 34 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal. El otro, Emiliano Carlos Jofré, también de 34 años, estaba preso por portación de arma, tiene antecedentes vinculados a hechos delictivos y había sido registrado en distintos procedimientos de la zona este.
El acuerdo busca fortalecer la resocialización mediante un acompañamiento social, vivienda y contención para quienes recuperan la libertad.
El Gobierno de Mendoza oficializó un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para capacitar a personas privadas de libertad en oficios, fomentar su desarrollo laboral y facilitar su integración social.
El Gobierno provincial lanzó un operativo masivo para reforzar la seguridad penitenciaria y cortar los vínculos ilegales desde los penales.
Las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en Mendoza y provincias limítrofes ante el posible ingreso de los reclusos, quienes escaparon cortando barrotes y descendiendo desde el cuarto nivel del penal de Valparaíso.
El Gobierno entregó 300 prendas producidas por personas privadas de libertad, como parte de un programa que combina formación laboral, economía circular y eficiencia estatal. Ya se fabricaron más de 5.000 unidades.
Actualmente, 540 personas gozan en la provincia de este beneficio bajo monitoreo electrónico. Uno de cada diez presos cumplen su condena en algún domicilio.
En la habitual conferencia de prensa de los lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una serie de reformas clave que impactarán en el sistema de justicia, la educación y el ámbito económico, destacando la eliminación de beneficios sociales para detenidos.
El magistrado había hecho lugar a un recurso presentado por organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos, en el que se denunciaba que no se estaban cumpliendo los estándares mínimos para garantizar el derecho a la comunicación.
El Servicio Penitenciario de Mendoza firmó tres nuevos convenios con las empresas Xinca, Grupo Fonther y Calzados Cuyo, en busqueda de ampliar la oferta laboral en las cárceles de la provincia.
La población carcelaria en las cárceles federales creció un 3,4% en 2024, alcanzando un total de 11.696 detenidos. Este aumento provocó una superpoblación del 6,3%, con 694 internos por encima de la capacidad.
El hecho ocurrió el pasado 27 de enero, en el marco de la fuga de 3.000 presos de esa cárcel, según denunció la misión de paz de la ONU en el país (Monusco), y recién trascendió por estos días.
El gobierno implementa una nueva política carcelaria que obliga a los internos del Servicio Penitenciario Federal a realizar tareas de mantenimiento y limpieza, con el objetivo de promover la reinserción social y mejorar las condiciones de las prisiones.
El programa de formación y capacitación laboral en complejos y unidades penales apuesta al desarrollo de habilidades técnicas y la producción con impacto social. Más de 50 internos participaron en la confección de indumentaria destinada al personal de ISCAMEN. Un modelo que une trabajo, reinserción y compromiso ambiental.
