Según detallaron desde la Oficina Fiscal de Maipú, el hombre fue encontrado y presentaba un cuadro relacionado con su salud mental, situación que requirió la intervención y el abordaje correspondiente para garantizar su protección y asistencia.
La decisión fue adoptada por el fiscal Hernán Ríos, quien estableció una garantía de 2.424.403.467 pesos para Florentino Paco, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega. El nuevo monto reemplaza la caución anterior, que había sido fijada en 400 millones de pesos.
La herramienta permite interceptar fondos vinculados a delitos en tiempo real y evitar que se pierda el rastro del dinero en investigaciones por estafas digitales
La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien dispuso el cambio de carátula luego de que este viernes se confirmara la muerte del menor. De esta manera, el hecho, que en un primer momento era investigado en grado de tentativa, pasó a ser considerado como consumado.
La imputación de este jueves fue por los delitos de amenazas coactivas en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra, por que D'Agostino tuvo que asistir personalmente a la Justicia, junto a su abogado. En el MPF se le comunicaron formalmente las acusaciones en su contra.
Desapareció en la madrugada del lunes 20 de abril en San Roque. No hay información sobre la ropa que llevaba.
El Ministerio Público Fiscal confirmó más de 50 denuncias en la provincia. Intervienen fiscalías juveniles y comunes, con casos que incluyen réplicas de armas y mensajes intimidantes.
El funcionario dejó su cargo de manera inmediata e indeclinable para enfrentar una denuncia por abuso, lesiones y amenazas. Aseguró que las acusaciones son falsas y que colaborará con la investigación. Estuvo al frente de la Subsecretaría desde 2015. Buscarían un remplazante.
La joven buscada, de 23 años, estaba desaparecida desde el sábado, cuando la vieron en la calle Arístides Villanueva de Capital. Pasado el mediodía de este lunes, el Ministerio Público Fiscal informó su hallazgo.
La medida fue comunicada oficialmente a través de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, desde donde aclararon que la decisión forma parte del proceso judicial en curso y no implica el cierre de la causa.
José Teodoro Masso, de 83 años, desapareció el 11 de marzo pasado en Guaymallén. La Justicia ya trabaja el caso como un homicidio y se encontró el auto de la víctima con sangre. En medio de la investigación, la Policía arrestó a un hombre, Gonzalo González, sospechoso de haber ultimado al anciano.
Uno de los principales anuncios fue la reactivación del cuerpo de patrocinio jurídico de la Dirección de Género y Diversidad, un servicio gratuito de asesoramiento legal para mujeres y personas en situación de violencia.
El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración a la comunidad para dar con José Teodoro Masso, quien fue visto por última vez el 11 de marzo por la noche en Rodeo de la Cruz.
Según el comunicado oficial emitido por la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, el menor Lautaro Fabián Giménez fue localizado y se constató que no fue víctima de ningún hecho delictivo.
La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Lazo, quien dispuso la imputación bajo los artículos 79 y 35 en función del artículo 34 inciso 6 del Código Penal argentino. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la calificación es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la causa. Sin embargo, quedó en libertad.
El Ministerio Público Fiscal entregó dispositivos que serán instalados en espacios municipales. Permitirá a vecinos realizar denuncias penales de manera presencial, ágil y segura.
El Ministerio de Seguridad y Justicia solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Darío Sebastián Codina Bandes, quien fue visto por última vez el 17 de enero de 2023. Actualizaron el monto de la recompensa para quienes aporten datos concretos: 12.500.000 pesos.
El Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal convocan a operadores judiciales, policías y abogados a una formación virtual que comenzará el 3 de marzo y se extenderá durante cuatro meses.
La fiscalía sostiene que los adolescentes involucrados habrían sido influenciados por adultos en un proceso de radicalización progresiva. La investigación se inició tras una alerta del FBI, derivó en allanamientos en distintas provincias y mantiene abierta una línea internacional.
