La medida judicial estuvo a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y se tomó tras los informes forenses que vinculan al opioide distribuido por HLB Pharma con la muerte de 96 pacientes en distintas provincias.
El empresario y dueño de HLB Pharma admitió que el Gobierno buscó cerrar su planta en noviembre, en medio de la investigación por las ampollas de fentanilo contaminadas. El ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó una auditoría integral sobre la industria farmacéutica.
En un escrito judicial presentado en julio de 2025, el dueño de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo S.A. vinculó a un exlegislador con un supuesto “atentado” que habría alterado la calidad del fentanilo, sustancia cuya contaminación provocó 96 muertes. La Justicia investiga maniobras para ocultar conductas delictivas y entorpecer la causa.
