DEMANDA MILLONARIA
En una causa sin precedentes para la provincia, un mendocino de 74 años presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno nacional y el laboratorio AstraZeneca, fabricante de la vacuna contra el Covid-19.
El hombre, que reside en Vistalba, Luján de Cuyo, reclama una indemnización superior a los $152 millones, tras haber sido diagnosticado con Trombosis Venosa Profunda (TVP), condición que vincula directamente con la aplicación de las dosis del biológico durante la campaña de vacunación en 2021.
La presentación judicial ingresó el 4 de febrero en el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Quirós, y fue ratificada por la fiscal federal María Alejandra Obregón, quien avaló la competencia del magistrado. Aunque existen acciones similares en otros puntos del país, como Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza no se había registrado hasta ahora una acción de estas características en el fuero federal.
Un cuadro clínico que cambió su vida
Según se desprende del expediente, el demandante recibió la primera dosis el 10 de junio de 2021 y la segunda el 4 de julio, en el Área Sanitaria de Luján de Cuyo. A partir de agosto, comenzó a presentar síntomas como fiebre, cosquilleo en los dedos, dolores musculares y pérdida de apetito, que derivaron en su internación en el Hospital Santa Isabel de Hungría.
Tras el alta médica, en noviembre volvió a ser ingresado con dolores en las piernas y dificultades para caminar. Los estudios confirmaron que padecía TVP, una condición que implica la formación de coágulos en venas profundas, principalmente en las extremidades inferiores. A raíz del diagnóstico, comenzó un tratamiento anticoagulante crónico, y los estudios médicos determinaron una incapacidad parcial y permanente del 42%.
El demandante asegura que la enfermedad afectó drásticamente su proyecto de vida. Abandonó actividades habituales como el tenis y el manejo del tractor en su finca. También dejó de realizar caminatas y quedó imposibilitado de viajar en avión, lo que, además de afectar su vida personal, le impide visitar a su hijo y nietos en Italia y participar en ferias internacionales del vino, rubro al que se dedica desde hace décadas.
Cuestionamientos legales a la campaña de vacunación
En el escrito, también se plantea la inconstitucionalidad de artículos clave de la Ley 27.573, conocida como Ley de Vacunas, sancionada durante la pandemia. El actor considera que la norma otorgó privilegios injustificados a los laboratorios, al incluir cláusulas de indemnidad patrimonial y confidencialidad, que dificultan el acceso a la justicia y restringen el derecho a la reparación en caso de efectos adversos.
Además, el planteo menciona la existencia de una “presión social y legal” que generó un clima de coerción sobre la población, al presentar como “enemigos públicos” a quienes dudaban de vacunarse. Según la demanda, este contexto vulneró el derecho al consentimiento informado, al convertir la decisión sanitaria en una imposición indirecta.