CONGRESO DE LA NACIÓN
La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisión el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías, en el marco de una reforma energética que busca reducir el alcance de la asistencia estatal.
La iniciativa, promovida por La Libertad Avanza, plantea mantener los beneficios únicamente para la Patagonia, Malargüe, la Puna y los hogares considerados vulnerables dentro de un esquema de subsidios focalizados. El resto de las zonas incorporadas en los últimos años quedaría excluido del régimen.
El debate se desarrolla en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, encabezadas por los diputados libertarios Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch, con la expectativa de emitir dictamen en los próximos días.
El Gobierno busca avanzar con una sesión especial para el 20 de mayo, en la que también intentaría incluir otros proyectos vinculados a reformas económicas y regulatorias.
Según la propuesta, el nuevo esquema de subsidios quedaría restringido a zonas de frío extremo y a usuarios incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Dentro de ese universo también se contemplan beneficiarios del ReNABAP, veteranos de Malvinas y familias cuyos ingresos no superen un determinado umbral socioeconómico, en línea con el objetivo oficial de “focalizar la ayuda” y reducir el gasto público.
El Ejecutivo sostiene que el actual sistema de subsidios presenta distorsiones y dificultades fiscales, y argumenta que el rediseño apunta a mejorar la eficiencia del gasto y ordenar el esquema energético.
En ese marco, se propone además que el subsidio se aplique únicamente sobre el precio del gas y no sobre la totalidad de la tarifa, junto con un cambio en el mecanismo de financiamiento del sistema.
El proyecto también incluye modificaciones complementarias, como la extensión de beneficios para energías renovables hasta 2045 y la eliminación de ciertos regímenes de promoción energética previos.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia política, ya que distintos bloques legislativos y gobernadores advierten que la reducción del alcance de las zonas beneficiadas impactaría en numerosas localidades del interior del país.