Se aceleran las adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias y ARCA flexibiliza plazos
El programa de incentivos para la formalización de activos impulsado por la administración del presidente Javier Milei registró una fuerte aceleración en sus métricas de adopción. Según los últimos reportes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), más de 330.000 contribuyentes formalizaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), de los cuales 170.115 ya completaron la presentación formal de su Declaración Jurada Simplificada. El renovado interés del sector privado coincide con la estrategia oficial para movilizar los denominados "dólares del colchón" e introducirlos al circuito económico regulado.
En este marco, el organismo recaudador oficializó la Resolución General 5876/2026, introduciendo un alivio en el cronograma de vencimientos para las personas humanas correspondientes al período fiscal 2025. La normativa fijó la fecha límite para el pago del saldo del impuesto para el 27 de julio, al tiempo que otorgó un plazo extendido hasta el 27 de agosto para la confección y presentación de la declaración jurada. En paralelo, el primer anticipo correspondiente al ejercicio 2026 fue postergado para el mes de septiembre, brindando mayor margen operativo para quienes buscan incorporarse al régimen simplificado mediante la plataforma del Sistema Registral.
El esquema ofrece un conjunto de ventajas normativas diseñadas para reducir las cargas burocráticas y brindar previsibilidad:
Presunción de exactitud: El fisco presume como correcta la declaración jurada presentada por el ciudadano, absteniéndose de realizar revisiones generales sobre la evolución de sus bienes, salvo ante pruebas fehacientes de irregularidades.
Sostenimiento del "tapón fiscal": Tras la presentación formal y el pago correspondiente, ARCA limita la capacidad de reconstruir retroactivamente el patrimonio de los ejercicios anteriores alcanzados por la norma.
Reducción de datos exigidos: Se elimina la obligación de detallar el patrimonio personal completo y la justificación de consumos particulares, enfocando el control tributario exclusivamente en los ingresos efectivamente gravados.
Efecto liberatorio: El cumplimiento en término perfecciona el cierre definitivo de las obligaciones fiscales del período correspondiente, otorgando certeza jurídica ante eventuales modificaciones del mercado.
Aunque analistas del sector aclaran que el régimen no constituye un blanqueo amnestioso de capitales —manteniéndose la vigencia de los controles sobre lavado de activos a través de la UIF—, la medida funciona como una pasarela directa hacia el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que debatirá el Congreso. Esta reconfiguración del sistema impositivo busca cambiar el paradigma de fiscalización sobre el ahorro privado, transformándose en una de las banderas de la reforma política y económica del Gobierno en vísperas de las próximas elecciones legislativas. Para el Palacio de Hacienda, lograr una organización eficiente de la recaudación permitirá ampliar la base imponible y sostener la estabilidad cambiaria de cara al segundo semestre.