CONTROL Y SANCIÓN
Una sanción económica contra un supermercado quedó definitivamente confirmada luego de que el Gobierno provincial rechazara el último intento de la empresa por revertir la medida. Con esta decisión, el expediente administrativo quedó cerrado y sin margen para nuevas instancias de revisión.
El conflicto se originó tras detectarse diferencias entre los precios exhibidos en góndola y los cobrados en caja, una práctica que constituye una infracción a la normativa de defensa del consumidor.
La irregularidad fue constatada durante tareas de control realizadas por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, organismo que avanzó con la correspondiente multa.
Frente a la penalidad, la firma presentó una impugnación formal con el objetivo de dejar sin efecto la resolución. Sin embargo, tras el análisis administrativo, las autoridades decidieron ratificar la multa, dejando firme la sanción aplicada.
Con la resolución ya consolidada, la empresa deberá abonar la multa impuesta, sin posibilidad de presentar nuevas apelaciones administrativas dentro del ámbito provincial.