DESAMPARO INFANTIL
La historia detrás del asesinato de César Rodas (41) no solo estremece por la crudeza del crimen. También revela una dramática trama de violencia doméstica, abandono, y vulnerabilidad infantil que ahora enfrenta el sistema estatal de protección.
Las cinco hijas de Adriana Valeria Suárez (40), acusada de descuartizar y quemar a su inquilino en Guaymallén, fueron separadas de su madre y derivadas a hogares institucionales de la provincia de Mendoza. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, tras una intervención interdisciplinaria junto al Hospital Carrillo.
Un entorno hostil e insostenible
Las menores, de entre 7 y 15 años, vivían con Suárez en la casa de Adolfo Calle 1978, donde se cometió el crimen. La investigación determinó que las niñas estaban expuestas a maltrato crónico, negligencia grave y situaciones de violencia extrema, e incluso habrían estado presentes durante el homicidio. No existiendo una red familiar alternativa, se activó una medida de protección excepcional.
Las dos mayores, de 15 y 13 años, fueron ubicadas en residencias diferentes para permitir un abordaje terapéutico individualizado. Las tres más pequeñas, de 11, 9 y 7 años, permanecerán juntas, priorizando el vínculo fraterno.
Sin adultos responsables ni red de contención
Hasta hace un tiempo, las niñas estaban al cuidado de su abuela paterna, mientras Suárez cumplía prisión efectiva por robo agravado con arma blanca y en banda. Pero tras la muerte de la abuela, y el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Suárez por tener hijas menores a cargo, volvieron a vivir con ella.
Esa decisión, tomada en el contexto de la pandemia, fue clave en la cadena de hechos que hoy deja a las niñas sin adultos disponibles para cuidarlas y sin una estructura familiar funcional. Desde el Estado señalaron que las menores no serán ingresadas por ahora al sistema de adoptabilidad, aunque eso podría evaluarse a futuro, en función de su evolución emocional.