SISTEMA PENAL
Con la participación de autoridades nacionales, provinciales e internacionales, se realizó en Mendoza la presentación del Programa Integral de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD). La iniciativa busca dar una respuesta integral a las personas con consumo problemático que atraviesan procesos penales, a partir de la articulación entre el sistema de Justicia, la salud y las redes de acompañamiento social.
La mesa académica fue integrada por María Gloria André, jefa de las unidades fiscales de Cuyo de la Justicia Federal; Silvia Pisano, subsecretaria de Atención y Acompañamiento en materia de drogas de Sedronar; Leandro Gastón, asesor legal de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación; María Sol Purita, coordinadora de Programas de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD/OEA; Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia; Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes, y Andrea Chávez, coordinadora general del Ministerio Público Fiscal.
Durante su intervención, la ministra Mercedes Rus afirmó que este tipo de iniciativas permiten “ir al fondo del problema” y destacó la necesidad de pensar la seguridad más allá del refuerzo de recursos materiales. “Muchas veces las demandas de seguridad están atravesadas por la necesidad de un policía en la esquina, de sumar más fiscales, más jueces, más cámaras. Pero un aspecto imprescindible es trabajar en la reincidencia, en que el hecho no suceda”, sostuvo.
También remarcó la complejidad de abordar estas situaciones dentro del sistema penal. “No es fácil el abordaje respecto a las personas privadas de libertad, y menos aun cuando atraviesan un consumo problemático. Por eso valoro que esta propuesta tenga inicio acá en Mendoza”, expresó.
Por su parte, el ministro Rodolfo Montero celebró el lanzamiento del programa y destacó la importancia de tender puentes institucionales para abordar problemáticas complejas. “Agradecemos iniciativas como esta, que tienden puentes para trabajar sobre problemas muy complejos como es el tema de los consumos”, expresó. Subrayó además que el desafío es articular esfuerzos entre Seguridad, Justicia, Salud, la Provincia y la Nación.
Montero detalló que Mendoza ha situado la salud mental y los consumos como eje central de su política pública. “En 2023 podían ser discursos de campaña. En 2024 podían ser presentaciones de programas. Hoy creo que ya nos toman en serio porque lo hemos mostrado con hechos”, aseveró. Señaló asimismo que los avances en el sistema de atención han sido concretos, incluyendo más horas profesionales en atención primaria, nuevas camas hospitalarias, centros de día, hogares compartidos, leyes de financiamiento y trabajo conjunto con organizaciones sociales.
En tanto, Silvia Pisano resaltó la importancia de un abordaje integral, flexible y adaptado a cada territorio. “El consumo problemático debe ser abrazado, alojado, contenido y tratado desde todas las áreas, en forma de sistema integral e integrado”, afirmó. En ese marco, celebró la incorporación de la Provincia a esta estrategia federal. “Celebramos estar hoy en Mendoza, que es la segunda provincia que se suma a este desafío. Se va a transitar con lo que pueda, con lo que quiera y con las particularidades del territorio, porque esto no es un libro escrito y acabado, sino que se va construyendo a medida de cada transición”, indicó.
En representación del Ministerio de Justicia de la Nación, Leandro Gastón enmarcó el programa dentro de la estrategia nacional de implementación del sistema acusatorio. “Creemos que necesitamos brindar al sistema de justicia y a las provincias nuevas herramientas para abordar los desafíos que representa la situación actual”, afirmó. Y agregó que se trata de una iniciativa respaldada por evidencia empírica que “trabaja sobre las causas subyacentes al delito, una preocupación compartida por Nación, las provincias, los organismos multilaterales y, sobre todo, la ciudadanía”.
Desde la CICAD/OEA, María Sol Purita destacó el valor de la experiencia argentina en el contexto internacional. “Argentina tiene una experiencia constructiva desde 2018, de la cual soy muy fanática”, expresó. Señaló que el objetivo regional es generar evidencia empírica sobre el impacto positivo de este tipo de programas en la reducción de la reiterancia delictiva y la mejora de la seguridad ciudadana.