SITUACIÓN LÍMITE
El Instituto EINNO (Educación Integral del Niño No Oyente), una entidad emblemática de Godoy Cruz con más de seis décadas de trayectoria, atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo inminente su continuidad.
Actualmente, la institución brinda formación y apoyo a 140 alumnos sordos y emplea a 72 profesionales, pero sus directivos advierten que ya no cuentan con recursos para afrontar los sueldos de los próximos meses.
El conflicto central radica en el congelamiento de los aranceles dispuestos por el Gobierno nacional en noviembre de 2024, lo que ha generado una brecha insostenible frente a los constantes aumentos salariales y de costos operativos que la entidad debe absorber.
Según explicó Raúl Orlando Fava, representante legal de la entidad, el instituto requiere aproximadamente 40 millones de pesos mensuales para cumplir con sus obligaciones patronales y cargas sociales. El esquema de facturación nacional agrava el escenario, ya que solo contempla diez meses de ingresos anuales frente a los 13 salarios (incluyendo aguinaldo) que la institución debe abonar por ley.
Aunque el Gobierno provincial mantiene el subsidio para 28 cargos docentes a través de la Dirección de Educación Privada, la carga total de la planta especializada y de maestranza supera ampliamente la recaudación actual, dejando un déficit que ya consumió todas las reservas.
Fundado en 1964 por el doctor Bernardo Ferreira, el instituto se ha consolidado como un pilar fundamental para las familias con hijos hipoacúsicos en Mendoza. Su abordaje es integral: ofrece tratamientos de estimulación temprana, nivel inicial, escuela primaria y un equipo de apoyo que acompaña a niños y adolescentes integrados en escuelas comunes.
En sus aulas de la calle Derqui, los alumnos reciben clases de apoyo con profesoras especializadas, fonoaudiólogas y psicopedagogas, además de contar con el acompañamiento de trabajadoras sociales que orientan a las familias en la gestión de certificados de discapacidad y tratamientos médicos.
Ante esta situación extrema, la comunidad educativa y los padres de los alumnos solicitan la intervención urgente de la clase política, el sector empresarial y la sociedad civil mendocina. El reclamo principal apunta a la actualización de los aranceles del sistema de discapacidad y a la reglamentación de la ley de emergencia del sector, medidas que permitirían un reajuste vital para la supervivencia del establecimiento.
Sin una respuesta inmediata, 140 estudiantes sordos y sus familias podrían perder un espacio de contención único, poniendo fin a un esfuerzo colectivo que lleva más de 60 años construyendo inclusión en la provincia.