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El decreto presidencial que vetó la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan lleva la firma de Javier Milei y de todo el gabinete nacional. Según los fundamentos, la normativa tenía un “impacto fiscal directo” de $115.030 millones por recomposición salarial, lo que obligaría a reasignar partidas del Ministerio de Salud y reservas para emergencias.
El Ejecutivo advirtió que esto provocaría la desfinanciación de programas sanitarios vigentes, como el calendario de vacunas o las políticas de VIH y tuberculosis. Además, calificó al proyecto como “ambiguo, arbitrario e irresponsable”, asegurando que pondría en riesgo la coparticipación federal y la estabilidad presupuestaria.
El veto a la ley del Garrahan se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario, en línea con la postura oficial de preservar el “equilibrio fiscal”. Sin embargo, la Casa Rosada todavía no definió el futuro de la Ley de Redistribución Automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un tema central para los gobernadores.
Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno busca reacomodar su estrategia. Guillermo Francos encabeza una mesa de diálogo con mandatarios provinciales, mientras que Lisandro Catalán asumió en Interior como gesto hacia las provincias.
Aun así, los gobernadores mantienen la presión desde la alianza Provincias Unidas y advierten sobre la posibilidad de otro veto presidencial. Milei, en tanto, ratificó su postura: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.