Mendoza ya integró casi 160 cámaras privadas al sistema de videovigilancia
El sistema público de videovigilancia de Mendoza continúa ampliándose con la incorporación de cámaras pertenecientes a privados, una medida impulsada por el Ministerio de Seguridad para reforzar la prevención del delito mediante dispositivos que registren la vía pública. Hasta el momento, 159 cámaras ya fueron integradas a la red provincial y se encuentran operativas.
La incorporación surge de una serie de convenios celebrados entre el Gobierno y empresas y otros organismos, en el marco de la Ley Provincial 9562, que regula el funcionamiento del sistema de videovigilancia y habilita la adhesión de cámaras privadas bajo determinadas condiciones.
Más convenios para ampliar la red de monitoreo
La política de integración de dispositivos continúa avanzando con nuevos acuerdos. Este miércoles quedó oficializada, mediante el Decreto 1186, la ratificación del convenio firmado en abril con Millán S.A., empresa propietaria de la cadena de supermercados Átomo. A ese entendimiento se sumaron otros dos convenios rubricados durante junio.
Desde la sanción de la Ley 9562, el 24 de julio de 2024, el Ministerio de Seguridad concretó 34 acuerdos, de los cuales 22 corresponden a entidades privadas. El primero fue suscripto con la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe) y, posteriormente, se incorporaron instituciones como Open Mall, Amena, Cecitys, la Cámara de Comercio de San Rafael, la Asociación Turística Cañón del Atuel, la Cámara de Turismo de San Rafael, Transener, la Sociedad Rural del Valle de Uco, Alser, Go Back, Go Bar, Idear Cuyo, Central de Bebidas, Kioscos Yes y otras entidades.
Durante este año también se sumaron el Club Alemán, Browns S.A., La Bastilla, la Cámara de Productores Agrícolas Zona Norte y la Liga del Deporte de Lavalle. Además, la puesta en funcionamiento de la Terminal de Mendoza permitió incorporar más de 100 cámaras privadas al sistema. La red también incluye dispositivos pertenecientes a municipios, organismos nacionales, como el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Inema), e incluso representaciones internacionales como el Consulado de Alemania.
Cómo funcionan y qué establece la normativa vigente
Las cámaras incorporadas al sistema deben cumplir con los requisitos previstos por la legislación. Solo pueden integrarse aquellas que registren espacios públicos o sectores internos de establecimientos privados con acceso al público.
Desde el Ministerio aclaran que no existe un monitoreo permanente de estos dispositivos. Las imágenes son utilizadas únicamente cuando una investigación o una situación puntual requiere acceder al material registrado.
Antes de habilitar cada incorporación, la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad realiza una evaluación técnica para verificar que los equipos cumplan con las condiciones necesarias. En caso de detectar observaciones, el propietario debe adecuar el sistema, mantener su funcionamiento e informar cualquier desperfecto, baja o falta de servicio.
La Ley 9562 también establece límites respecto del uso de las cámaras. No está permitido registrar el interior de propiedades privadas sin autorización expresa de sus titulares ni afectar la intimidad de las personas. Asimismo, toda la información obtenida debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales.
La normativa dispone además que los municipios informen al Ministerio de Seguridad sobre las cámaras privadas orientadas hacia la vía pública que existan dentro de sus jurisdicciones. Con esa información, la cartera provincial mantiene un registro que incluye ubicación, cantidad, características técnicas, finalidad y estado de funcionamiento de cada dispositivo que integra el sistema de videovigilancia.