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EMPLEO PÚBLICO

Los últimos despidos en el Estado mendocino: faltas reiteradas y falsificación de certificados

Los casos se registraron en distintas reparticiones como Seguridad, OSEP, Ambiente, Hidráulica y Educación. Las cesantías fueron confirmadas por decreto.

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El Gobierno de Mendoza dispuso una serie de cesantías y sanciones administrativas en distintas áreas del Estado provincial, tras comprobarse inasistencias reiteradas, abandono de funciones y documentación médica falsa.

Las decisiones fueron oficializadas a través de diversos decretos firmados por el Gobernador, y abarcan organismos como el Ministerio de Seguridad, el de Ambiente, Educación y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). En otro caso, se confirmó una suspensión en el Ministerio de Gobierno.

Seguridad: un agente faltó dos meses y fue cesanteado

En el Ministerio de Seguridad y Justicia se resolvió la cesantía de un agente civil que dejó de concurrir a su puesto de trabajo durante más de dos meses, entre el 28 de agosto y el 1 de noviembre de 2023, sin presentar justificación alguna.

El sumario administrativo comprobó el abandono de servicio, considerado una falta gravísima. Pese a haber sido emplazado e intimado a retomar sus funciones, el agente no respondió, no se presentó a indagatoria administrativa ni ejerció su derecho de defensa durante el procedimiento.

OSEP: cesanteado por un certificado médico falso

Otro caso se registró en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), donde un trabajador fue despedido luego de comprobarse que presentó un certificado médico falso para solicitar una licencia.

El documento, supuestamente emitido por una profesional médica, fue desmentido por la propia firmante, quien reconoció su firma, pero negó haber redactado o autorizado el contenido. Además, aclaró que no conocía al agente y que la prescripción correspondía a una especialidad ajena a la suya.
El empleado ya contaba con antecedentes disciplinarios: había sido suspendido en 2015.

Ambiente: ausencias injustificadas tras una licencia no autorizada

En la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, se dispuso la cesantía de un trabajador que no regresó a sus funciones luego de una licencia extraordinaria sin goce de haberes, iniciada el 1 de diciembre de 2023.

El agente alegó que la autorización había sido otorgada de manera verbal por un superior jerárquico, pero no existía decreto ni resolución que formalizara la medida, lo que derivó en su ausencia injustificada.
 

Hidráulica: 20 días de faltas sin justificación

El Ejecutivo también resolvió el despido de un empleado de la Dirección de Hidráulica, perteneciente al mismo ministerio, tras constatar ausencias reiteradas y prolongadas sin causa válida.

El informe sumarial determinó que el agente no asistió a su puesto de trabajo durante dos días de octubre y 18 días consecutivos en noviembre de 2024, sin presentar certificados médicos, pedidos de licencia o comunicaciones oficiales.

Educación: no volvió tras su licencia y faltó a la audiencia

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE aplicó la cesantía a un agente que no regresó a su puesto una vez finalizada su licencia el 2 de septiembre de 2024.

El trabajador fue citado a audiencia indagatoria el 21 de abril de 2025, notificada a su madre, pero no se presentó.
El expediente concluyó que incurrió en ausentismo prolongado e injustificado, sin presentar documentación respaldatoria.

Gobierno: suspensión por irregularidades en licencias

Por último, el Ejecutivo resolvió rechazar un recurso jerárquico presentado por un empleado del ex Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (hoy Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial), confirmando así una suspensión de 30 días impuesta por la Resolución N° 188/2023.

Según el Expediente EX-2023-07329431, el agente no se reincorporó tras su licencia anual ordinaria en octubre de 2020 y alegó haber contraído coronavirus. Posteriormente, presentó certificados médicos fuera de término, lo que fue considerado una falta administrativa grave por la Subsecretaría de Trabajo.