AUDIENCIA PÚBLICA
La Cámara de Diputados se prepara para una audiencia histórica sobre la Ley de Glaciares, con una inscripción récord de más de 65.000 personas interesadas en participar del debate sobre la modificación de la norma. La magnitud de la convocatoria obligó a diseñar un sistema mixto para garantizar que todos puedan expresar su postura.
Participación presencial y virtual
La audiencia se desarrollará en dos jornadas diferenciadas. El miércoles 25 de marzo se reservará para exposiciones presenciales en el Congreso, mientras que el jueves 26 se habilitará la modalidad virtual mediante videoconferencia para quienes no puedan asistir físicamente.
En total, unas 200 personas podrán intervenir en vivo —cien por jornada— en franjas horarias de 10 a 19. El resto de los inscriptos deberá grabar su exposición en video y subirla a sus canales de YouTube, compartiendo luego el enlace con sus datos en la sección “Comunidad” del canal oficial de la Cámara de Diputados. Esta estrategia busca ampliar la participación sin limitar el debate a un número reducido de oradores.
Restricciones y criterios de acceso
Para la jornada presencial, el ingreso al Congreso estará restringido a diputados de las comisiones involucradas (Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales). Cada bloque político podrá acreditar hasta dos representantes de la Secretaría Parlamentaria; no se permitirá el ingreso individual de asesores.
El mecanismo de selección de los oradores presenciales —basado en el orden de inscripción por provincia— generó críticas de distintos sectores que consideran que limita la participación. En respuesta, la Fundación Greenpeace Argentina y otros actores presentaron una acción judicial ante el juzgado federal a cargo de Enrique Lavié Pico, cuestionando que la audiencia haya sido “restringida” por los organizadores.
Una audiencia sin precedentes
Con esta combinación de participación presencial y digital, la Cámara de Diputados busca equilibrar la alta demanda ciudadana con la capacidad física del Congreso. La audiencia sobre la Ley de Glaciares será un test clave para medir la transparencia y alcance del debate público en un tema ambiental sensible y de fuerte interés social.