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CASO INÉDITO

Le reconocieron el pago a una policía por su título de abogada, pero le exigieron que lo devuelva

El Ministerio de Seguridad de Mendoza anuló el reconocimiento del pago adicional y ordenó acciones legales para recuperar los montos abonados desde 2022.

seguridad y justicia

Tania es policía en Mendoza y también abogada. En 2022, el Ministerio de Seguridad reconoció su título universitario y le otorgó un adicional salarial por tener un título profesional, como se suele hacer con muchos empleados estatales. Sin embargo, tres años después, el propio Gobierno provincial dio marcha atrás y declaró inválido ese reconocimiento, iniciando una demanda para que la agente devuelva el dinero recibido por ese concepto.

La decisión quedó formalizada mediante el decreto N.º 1388, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad Mercedes Rus, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. En el texto se instruye a la Asesoría de Gobierno para que comience acciones legales contra la policía con el fin de recuperar los montos pagados desde agosto de 2022 bajo el ítem "título".

casa de gobierno
 

Durante la gestión del exministro Gianni Venier, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución que reconocía el título de abogada de Tania y ordenaba el pago del adicional correspondiente. No obstante, en diciembre de 2024, dicha resolución fue anulada al considerarse "ilegal" y "lesiva al interés público", argumentando que fue dictada con exceso de facultades y sin ajustarse a la normativa vigente.

La nueva postura del Ministerio sostiene que, aunque Tania es abogada, el procedimiento administrativo para otorgarle el adicional no fue el adecuado. Por lo tanto, al invalidarse el acto administrativo, el cobro del beneficio quedó declarado ilegítimo y el Estado tendría derecho a reclamar el dinero abonado.

Policía patrullaje
 

Según esta interpretación, el acto que habilitó el pago tenía un "vicio grave", y aunque la policía cuente con el título profesional, el beneficio fue indebido.

A partir de este cambio de criterio, el Gobierno decidió avanzar con acciones judiciales. El decreto señala: "Instrúyase a Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza, inicie las acciones legales pertinentes contra la Auxiliar, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes".