REORGANIZACIÓN
Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició una reestructuración de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos encargados de recopilar y analizar información sobre narcotráfico, trata de personas y organizaciones delictivas en distintos puntos del país.
La decisión, impulsada por el director nacional de Inteligencia Criminal, Ramiro Anzit Guerrero, hombre de confianza de la ministra Patricia Bullrich, derivó en cierres, traslados y reubicaciones de personal especializado en provincias como Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza.
Los cambios afectaron la estructura territorial de la inteligencia criminal, con coordinadores reubicados en distintas regiones y oficinas cerradas tras años de funcionamiento. El CICRE del NOA pasó de Salta a Buenos Aires, el del NEA de Chaco a Iguazú, el de la Patagonia Sur de Ushuaia a Bariloche, el de Buenos Aires de Mar del Plata a La Plata y se ordenó el cierre del centro de Córdoba.
Según fuentes consultadas por La Nación, los traslados fueron abruptos, con plazos de entre 15 y 25 días, sin contemplar las situaciones personales ni familiares de los agentes involucrados. En tanto, el CICRE Cuyo, que debía operar en Mendoza, nunca llegó a funcionar plenamente.
Argumentos y repercusiones
El Ministerio justificó la medida como parte de un “redespliegue” destinado a fortalecer las zonas críticas, en el marco de planes como “Güemes” en el NOA o “Bandera” en Rosario.
Sin embargo, varios de los afectados interpretaron la maniobra como una desarticulación encubierta, orientada a desplazar personal experimentado y reemplazarlo por nuevos agentes. La decisión, según las fuentes, no respondió a motivos presupuestarios, sino a una redefinición interna del esquema de inteligencia.
Desde el propio Ministerio, algunas voces defendieron el proceso, señalando que los CICRE habían perdido relevancia y no lograban coordinar investigaciones ni generar inteligencia criminal útil. Otras, en cambio, consideran que la medida implica un retroceso, ya que concentra nuevamente la información en Buenos Aires y debilita la presencia territorial.
Incluso especialistas académicos habían advertido antes sobre falencias en articulación y recursos, aunque sin plantear la necesidad de un desmantelamiento.