CAMBIOS Y DUDAS
Tras la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una norma que había quedado paralizada desde fines de 2025 por falta de financiamiento, en Mendoza surgieron interrogantes sobre el impacto real de las medidas, especialmente en relación con el sistema de pensiones, los controles y la situación de los prestadores.
Si bien se reconocen algunos avances, desde el sector advierten que los resultados solo podrán evaluarse a largo plazo y que persisten problemas estructurales.
Especialistas locales señalaron que será clave observar cómo la reglamentación incide tanto en las personas con discapacidad como en los prestadores de servicios, en particular si se producen mejoras en los aranceles, los plazos de pago y la reducción de atrasos que afectan al sistema desde hace años.
En paralelo, la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) genera preocupación. En Mendoza, la sede del organismo quedó fuertemente debilitada tras el escándalo por presuntas coimas y actualmente cuenta con una dotación mínima de personal para atender consultas vinculadas a pensiones. Andis tiene bajo su órbita las pensiones no contributivas por invalidez laboral y representa una de las cajas más importantes del Estado nacional.
Un nuevo esquema de pensiones
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación del régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social. El nuevo esquema establece la conversión automática de las pensiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley, sujeta a una verificación administrativa.
Además, incorpora la compatibilidad con el empleo, permitiendo que las personas beneficiarias puedan trabajar sin perder la pensión, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La normativa también prevé auditorías periódicas, a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que deberá presentar un plan de control en un plazo de 30 días. Desde distintos sectores se reconoció que la conversión de las pensiones aporta una previsibilidad transitoria, aunque también genera inquietud por el esquema de revisiones intensivas.
El sistema de prestaciones y la situación de los prestadores continúan siendo puntos críticos. Si bien la ley contempla la regularización de pagos, se trata de un entramado complejo, que involucra obras sociales, redistribución y el sistema de salud, lo que dificulta una solución rápida.
Entre los cambios mejor valorados se encuentra la compatibilidad entre pensión y trabajo, que rompe con el esquema anterior, considerado restrictivo, y permite mayor autonomía económica para personas con ingresos bajos.
Prestadores al límite
Desde las entidades que nuclean a los prestadores de servicios se advirtió que la reglamentación permite evitar un colapso inmediato, pero no resuelve el problema de fondo. El alivio financiero es parcial y tardío, y sin una actualización real de aranceles ni un esquema previsible de financiamiento, muchas instituciones continúan operando al límite.
Preocupación en la provincia
La mirada provincial suma un nivel adicional de alerta. En Mendoza, la situación se ve agravada por el funcionamiento irregular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad y por el impacto del desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad a nivel nacional.
En este contexto, se destacó la importancia del cambio en la denominación de las pensiones, que deja atrás el concepto de invalidez para adoptar una mirada centrada en la discapacidad y los derechos. Sin embargo, también se advirtieron dificultades en la implementación, con artículos de difícil aplicación en un escenario institucional debilitado.
Para los especialistas, la reglamentación incorpora herramientas relevantes, pero también suma controles, obligaciones administrativas y riesgos de exclusión burocrática, especialmente para personas y familias que ya enfrentan múltiples barreras.
El cálculo de las pensiones
En 2026, la pensión por discapacidad se calcula como el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza de forma mensual mediante el esquema de movilidad. El beneficio no es compatible con otras prestaciones previsionales del Estado, aunque sí puede combinarse con determinados beneficios familiares, bajo las condiciones vigentes.
Durante enero de 2026, la pensión registró un incremento del 2,5%, en línea con la inflación medida por el INDEC. Con esta actualización, el haber mensual pasó de $238.615,71 a $244.509,52, y con el bono extraordinario de $70.000 previsto en el Presupuesto 2026, el monto total percibido alcanzó los $314.509,52.