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DERECHOS HUMANOS

Herencias, contratos y trámites: lo que pueden hacer legalmente las personas con discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que puedan heredar propiedades, firmar contratos y realizar gestiones financieras de manera independiente, siempre respetando su voluntad y preferencias.

discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Argentina a través de la Ley 26.378 en 2006, reconoce que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, garantizando su derecho a ser tratadas en igualdad ante la ley y a participar activamente en la sociedad.

Entre los derechos fundamentales que ampara la normativa se incluyen:

Ejercer decisiones propias y que estas sean respetadas.

Contar con apoyos que respeten su voluntad y preferencias.

Poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) y propiedades.

Heredar bienes y administrar su patrimonio.

Firmar contratos de todo tipo.

Realizar trámites bancarios y acceder a créditos en igualdad de condiciones.

Vacaciones CUD
 

En materia de herencias, los padres pueden dejar todos sus bienes a un hijo con discapacidad, asegurando su protección. Los demás hermanos recibirán la porción que corresponda de la legítima o lo que quede tras el fallecimiento del hijo con discapacidad.

En caso de que los padres fallezcan, los hijos con discapacidad pueden acceder a pensiones derivadas del fallecimiento de ambos progenitores, lo que refuerza la protección social que la ley garantiza.

Otro concepto clave es el de accesibilidad, que busca eliminar barreras físicas, comunicacionales y tecnológicas, permitiendo a las personas con discapacidad:

Ingresar, permanecer y desplazarse en edificios y espacios públicos.

Acceder a información, educación e internet sin restricciones.

Participar plenamente en actividades cotidianas y sociales.

Estas normas y herramientas legales aseguran que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida con autonomía, tomando decisiones sobre su patrimonio, educación y derechos laborales, mientras la sociedad garantiza el respeto a su voluntad y la igualdad de oportunidades.